Tema 18. La actual ordenaci�n territorial del Estado espa�ol. Ra�ces hist�ricas
Ya desde el tiempo de los romanos se identifica a la pen�nsula ib�rica como Hispania: todo lo que est� m�s all� de los Pirineos. Pero tambi�n desde entonces existen grandes diferencias entre el levante y el sur, donde est�n los pueblos en contacto con las grandes potencias comerciales de la �poca, y que poseen una econom�a agr�cola; y los pueblos del interior y el norte, con una cultura ganadera y sin esa relaci�n con las grandes civilizaciones de la Antig�edad.
Tras la llegada de los romanos se hace una primera divisi�n de Hispania, en el a�o 197a.C.: la Hispania Citerior y la Hispania Ulterior; cuyos l�mites no est�n perfectamente definidos. La capital de la Hispania Citerior ser� Cartago Nova (Cartagena) y la de la Ulterior C�rduba (C�rdoba). Esta divisi�n est� en vigor hasta el siglo I, en el que Augusto hace una nueva divisi�n de sus provincias. Hispania se divide en tres provincias: B�tica, Tarraconense y Lusitana. La B�tica ser� una provincia senatorial y las otras dos imperiales.
Hacia el a�o 200, el emperador Caracalla divide la amplia provincia Tarraconense y crea la provincia Gallaecia-Ast�rica.
Entre 284 y 305 el emperador Diocleciano vuelve a dividir Hispania. Ahora tendr� seis provincias: Tarraconense, Cartaginense, B�tica, Lusitana y Gallaecia, m�s Nova Hispania Ulterior o Mauritana, con capital en Tingis (T�nger). Las provincias estar�n divididas en conventos jur�dicos. Adem�s se crean di�cesis, supraprovinciales. La pen�nsula se convertir� en la Di�cesis Hispani�rum, con capital en Em�rita Augusta (M�rida). Esta divisi�n tendr� una notable estabilidad, ya que perdurar� hasta la llegada de los musulmanes en el 711. Los conventos jur�dicos fueron las divisiones territoriales m�s cercanas al ciudadano. Hubo cuatro en la B�tica: Gades (C�diz), H�spalis (Sevilla), C�rduba (C�rdoba) y �stigi (�cija); tres en Lusitania: Em�rita Augusta (M�rida), Praes�dium J�lium (Santarem) y Pax Julia (Beja); y siete en la Tarraconense: Bracara Augusta (Braga), Lucus Augusti (Lugo), Ast�rica Augusta (Astorga), Clunia(Coru�a del Conde), Caesaraugusta (Zaragoza), Cartago Nova (Cartagena) y Tarraco (Tarragona). Por debajo, Augusto instituy� las civitates, bajo el dominio de una urbs. Esto contribuy� a hacer desaparecer las diferencias entre ind�genas y romanos, sobre todo tras la concesi�n de la ciudadan�a a todos los habitantes del Imperio en el a�o 70.
La divisi�n provincial afecta al gobierno y a la administraci�n de justicia, al reclutamiento militar, y a la recaudaci�n de tributos. Las provincias se gobernaban a trav�s de las asambleas (Concilia Provinciae) a las que acud�an representantes de todas las ciudades. A partir del a�o 318 el modelo municipal entra en crisis y aparece el modelo se�orial t�pico de la Edad Media.
Adem�s, los romanos dotaron a Hispania de una tupida red de v�as y ciudades que hicieron de la pen�nsula una de las regiones m�s civilizadas de la �poca. Las principales v�as fueron: la v�a Augusta, que comunicaba Gades con Roma a trav�s de Iuncaria (La Junquera); la v�a Em�rita-Caesaraugustam; la v�a Ast�rica-Tarraconem; y la v�a Em�rita-Ast�rica o v�a de la Plata. Pero fueron innumerables las v�as menores, muchas de ellas construidas para la conquista del territorio. Los romanos construyeron muchas ciudades de nueva planta como: It�lica, Corduba, Em�rita Augusta, Legio VII (Le�n), Caesaraugusta, etc., pero tambi�n aprovecharon las ciudades anteriores, como Cartago, Gades, Emporio (Ampurias), etc.
Durante el tiempo en que los visigodos controlaron la pen�nsula (466-711), lo que no lo llegaron a hacer del todo, se mantuvieron las divisiones territoriales romanas. Los godos controlaron pol�ticamente Hispania, en el 466, desde su capital en el sur de Francia: Toulouse (reino de Tolosa). Pero no tienen la suficiente fuerza pol�tica para imponer otra divisi�n territorial, a pesar de que en el 507 fijan su capital en Toledo. A fin de cuentas, su dominio se basaba en las relaciones de vasallaje. Desde el 554 los bizantinos controlan parte de la franja costera mediterr�nea, y los suevos la Gallaecia.
Ser� Leovigildo quien intente hacer un reino territorial, acaba con el renio suevo y echa a los bizantinos en el 622. Se forma as� la idea de una comunidad hist�rica de origen romano: Hispania. Su�ntila lograr� la territorializaci�n del derecho a trav�s del Fuero Juzgo, cre�ndose as� el reino godo de Espa�a. Pero se mantiene la divisi�n territorial imperial, las cinco provincias romanas de la pen�nsula, a la que se a�ade la provincia romana de la Narbonense, que tambi�n controlan. Al frente de cada provincia se pone un rector provinciae, m�s tarde sustituidos por los duques, con funciones civiles y militares. Pero como no se dominaba todo el territorio fue necesario crear las marcas de Ast�rica, Cantabria y Vasconia, como provincias independientes.
Por debajo de esta partici�n se encuentra la antigua divisi�n por ciudades, al frente de las cuales se pone a un conde, dependiente de un duque.
La organizaci�n de la Iglesia tambi�n es deudora, incluso en la actualidad, de las antiguas divisiones romanas. Los arzobispos resid�an en Braga, M�rida, Sevilla, Toledo, Tarragona y Narbona.
De todas formas, el control del territorio nunca fue muy eficaz. La ruralizaci�n de la sociedad, y la feudalizaci�n que permiti� la formaci�n de grandes se�or�os territoriales, dieron al traste con ella. En el 711 el reino visigodo se desmorona ante la invasi�n musulmana.
A partir del 711 la pen�nsula es dominada por los musulmanes, que imponen una nueva regionalizaci�n, sin tener en cuenta la romana, sobre todo en el sur.
La pen�nsula queda dividida en dos: al norte los reinos cristianos y al sur los musulmanes, que llamar�n a Espa�a al-�ndalus, desde el 717. En el 756 al-�ndalus se convierte en un reino aut�nomo, con la proclamaci�n del emirato en C�rdoba. En el 929 el emirato se convierte en califato, ya totalmente independiente, incluso en lo religioso. Estos gobernantes terminan construyendo un aut�ntico Estado en Espa�a.
Los musulmanes organizan el territorio sobre la base de los condados y obispados visigodos. El n�mero de provincias de la Espa�a musulmana es variable, pero, en general, hay m�s de 20 provincias: a las que hay que llamar coras. La extensi�n de las coras es desigual, as� como su poblaci�n, y son gobernadas por un val�. Siete coras tienen el nombre de un territorio: Santaver (Ucl�s), Reiyo (M�laga), Takorona (Ronda), Sidona (Calsena), Ocsonoba (Silves), Tudmir (Murcia) y Fash al-Balut (Belalc�zar); el resto se denomina por sus capitales: C�rdoba, Cabra, J�tiva, Niebla, Valencia, Toledo, etc. En las coras se recaudan los impuestos, se reclutan las milicias y se nombran funcionarios.
Las coras se dividen en distritos, o iqlims, y en comarcas. Pero, en general, el Estado musulm�n fue muy centralizado: su poder se fundamentaba en las relaciones de vasallaje.
A parte de las coras, al-�ndalus se divide en tres fronteras o trag. La frontera superior, la media y la inferior.
Pero esta divisi�n es la que corresponde a la organizaci�n del Emirato y el Califato; sin embargo, algunas coras, o grupos de coras, son m�s o menos independientes, y en la �poca de los reinos de taifas con m�s raz�n. Los l�mites de las coras no son claros, y son cambiantes. Toledo, M�rida y Zaragoza tuvieron siempre un alto grado de independencia. El avance de la Reconquista supone una continua modificaci�n de las coras, su n�mero y sus l�mites.
En el norte peninsular se crean una serie de reinos cristianos que se ir�n consolidando independientemente hasta el siglo XIII.
En el 722 se asientan los reinos de Asturias, y en el Pirineo: Vasconia y la marca hisp�nica: Pamplona, Arag�n, Sobrarbe, Ribagorza, Pallars, Urgell, Cerda�a, Berga, Osona, Barcelona, Gerona, Besal�, Ampurias, Perelada, Rosell�n, Vallespir y Conflent, en la parte sur del Pirineo. De todas ellas Asturias es la m�s activa en la Reconquista: controlar� toda la franja cant�brica y el territorio al norte del Duero. En el 914 Ordo�o II traslada la capital a Le�n. El territorio controlado por Le�n es muy grande, y no es f�cil gobernarlo, ni siquiera por medio del vasallaje, por lo que aparecen tendencias separatistas. En el 960 el condado de Castilla se hace independiente, aunque no definitivamente, ya que tras varias uniones y desuniones los reinos de Le�n y Castilla quedan unidos definitivamente en 1230.
En el este las condiciones para la Reconquista son menos favorables, ya que el valle del Ebro es un territorio muy poblado e islamizado. Adem�s est�n bajo el vasallaje del emperador Carlomagno. Pero a su muerte en la marca hisp�nica aparecer�n tendencias independentistas. Vifredo el Velloso independiza el condado de Barcelona en el 878, y con el tiempo conseguir� que los condados lim�trofes le presten vasallaje, creando el territorio de Catalu�a.
Por el contrario, Navarra consigue anexionarse Arag�n, pero en el 1035 se separan. Arag�n y Catalu�a se acercar�n por motivos din�sticos, y en 1170 formar�n una sola corona. Los l�mites entre los distintos reinos var�an continuamente. �lava, Logro�o, etc., pasan de unos reinos a otros.
En el siglo XI hay un intento de unir todos los reinos y restaurar el Imp�rium Tolet�num. Los reyes leoneses se consideran descendientes de los visigodos. Sancho el Mayor de Navarra (1005-1035) usar� el t�tulo de emperador, al igual que Alfonso VI de Le�n y Castilla, que ser� rey-emperador de todas las Espa�as, avalado por la conquista de Toledo en el 1085. En 1135 los reyes de Navarra, Arag�n, Barcelona y Portugal se avasallan con Alfonso VII. Curiosamente se deja de hablar del Imperio. Es esta concepci�n la que dar� contenido a la idea medieval de Espa�a, y a la p�rdida y reconquista de Espa�a con la que sue�an los moz�rabes. Pero al mismo tiempo eran reyes de Espa�a todos los de la pen�nsula.
El siglo XII es la Espa�a de los cinco reinos cristianos: Portugal, Castilla, Le�n, Navarra y la Corona de Arag�n, que tienden a la unificaci�n (1157-1196). Portugal consolida su independencia en 1143. Castilla y Le�n se unen definitivamente en 1230. La Reconquista avanza, y cada reino invadido tiende a conservar sus peculiaridades. En Arag�n cada reino tendr� sus Cortes, y en Castilla s�lo habr� unas Cortes para todos. Pero todas estas uniones son fruto de las relaciones vasall�ticas feudales y las herencias din�sticas.
Arag�n tratar� de crear un reino en el Pirineo extendiendo sus dominios sobre el sur de Francia y en el Mediterr�neo. Castilla contin�a la reconquista en el sur. En 1212 tiene lugar la batalla en las Navas de Tolosa. A partir de entonces se conquista todo el valle del Guadalquivir, y s�lo quedar� en la pen�nsula el reino de Granada como �nico territorio musulm�n, que durar� hasta 1492. Navarra quedar� aislada de la Reconquista tras el tratado de Tudill�n (1151) en el que las coronas de Castilla y Arag�n se reparten las zonas de expansi�n. Este tratado se modificar� en 1179 en Cazorla para suprimir el homenaje de los reyes aragoneses a los castellanos. Navarra entroncar� con los reyes de Francia, la casa navarra reinar� en Francia hasta 1328. Isabel de Castilla es nombrada heredera al trono de Castilla en 1468. Fernando de Arag�n era el heredero de la Corona de Arag�n. En 1469 se casan en Valladolid. En 1474 Isabel se convierte en reina de Castilla. Ambos esposos ser�n reyes de Castilla. En 1479 Fernando II hereda la Corona de Arag�n, con lo que se unen, al fin, las dos coronas en una misma familia y con un s�lo heredero. En 1512 Fernando V el Cat�lico conquistar� Navarra, culminado as� la unificaci�n de Espa�a, ratificada por las Cortes en 1515. Carlos I ya utilizar� el t�tulo de rey de Espa�a, y ambas coronas ser�n un mismo reino. Canarias no se conquista hasta 1402-1496.
Carlos I es un Habsburgo, heredero del trono imperial. Ser� el emperador Carlos V desde 1519, y con �l llega la dinast�a de los Austrias a Espa�a, en el a�o 1516. En 1492 se hab�a descubierto Am�rica, y se hab�a iniciado la conquista y colonizaci�n del Nuevo Mundo. Carlos I se titular� rey de Espa�a, pero mantendr� la estructura de reinos independientes en la pen�nsula. Se mantendr�n las aduanas, las instituciones y la Administraci�n separada de todos los reinos. Castilla tendr� unas Cortes, y Navarra y el reino de Arag�n tendr�n las suyas por separado. S�lo la Inquisici�n permite a los reyes tener una jurisdicci�n uniforme en todo el reino. Espa�a es un reino plural en el que est�n vigentes leyes diferentes para los distintos reinos. Los Habsburgo contin�an con el pactismo t�pico de la Corona de Arag�n, a pesar de ser reyes autoritarios. La monarqu�a hisp�nica es casi el �nico elemento de uni�n y lo que hace la naci�n espa�ola. En la �poca no se identifica Espa�a con Castilla.
Pero los reinos est�n divididos en provincias, y estas est�n creadas en virtud de relaciones de vasallaje de origen medieval. Los se�ores, las �rdenes militares y los conventos son los due�os de territorios que les prestan homenaje, y as� se constituyen las provincias. De esta manera, es frecuente que las provincias sean territorios fragmentados y de tama�o muy diferente. Esta estructura provincial es muy poco eficaz para el gobierno absoluto.
Las provincias se dividir�n entre las de se�or�o y las de realengo,
dependiendo de qui�n sea el titular de las tierras. La monarqu�a absoluta
tratar� de recuperar las tierras de se�or�o para quitar poder a la nobleza.
Para ello intentar� extender el fuero de
las ciudades a todo el pa�s para que el derecho sea territorial.
Una de las cuestiones de fondo ser� el concepto de naturaleza y extranjer�a. Ser� natural de un sitio aquel que est� vinculado a
la tierra y al se�or titular, por relaciones de vasallaje. De esta manera, un
noble que est� avasallado con el rey es natural de su reino, pero si se revela,
�l y su territorio feudal salen del reino. Es, pues, natural de un lugar quien
ha nacido all� y quien vive de manera estable. Ser natural de un lugar es muy importante a la hora de ocupar cargos p�blicos. Cuando un rey quer�a nombrar a un
extranjero para un cargo deb�a concederle una Carta
de Naturaleza.
Los extranjeros son, pues, quienes viven en un lugar que no es el de su nacimiento, y no est�n avecindados. Los extranjeros suelen tener estatutos y fueros particulares, como los francos del camino de Santiago, o los genoveses de los puertos mar�timos.
Esto implica que los naturales de un reino son extranjeros en otro, aunque ambos reinos pertenezcan a la misma corona.
La conquista de Am�rica da a las instituciones castellanas una importancia mayor que a las de los dem�s reinos, pero los Austrias no tratan de imponerlas en toda la pen�nsula. Con el tiempo, los particularismos de los distintos reinos se mitifican, y aparecen las reivindicaciones frente a la corona. El reinado de Felipe II es dif�cil, ya que ha de buscar un equilibrio entre el centralismo autoritario de la monarqu�a y la tendencia separatista de la periferia. Felipe II hab�a recibido en 1580 la herencia de Portugal, y su imperio. La pen�nsula est� unificada bajo una sola corona, pero esta uni�n s�lo durar� hasta 1680, en que Felipe IV pierde Portugal, y mantiene una guerra, por la independencia, con Catalu�a.
En este sistema, es Castilla quien se lleva la mejor parte de los beneficios de la conquista de Am�rica, pero tambi�n los mayores gastos. Cuando caen los beneficios, y comienzan las guerras europeas, la Corona, a trav�s del conde-duque de Olivares, tratar� de repartir las cargas entre todos los reinos, y surgir�n los conflictos, porque esto supon�a terminar con la separaci�n por reinos y mezclar los vasallos, lo que atentaba contra el concepto de naturaleza y extranjer�a, el nombramiento de cargos p�blicos, la recaudaci�n de impuestos, el servicio de armas y las leyes tradicionales (fueros). Al final, triunfa el foralismo, impidiendo hacer de Espa�a una monarqu�a eficaz con un gobierno y una administraci�n racional.
En la Corona de Arag�n las unidades territoriales fundamentales son: las veguer�as en Barcelona, de las que habr� entre 15 y 18 hacia 1630; las sobrecullidas (o distritos) en Arag�n, que ser�n 11, y que en 1610 se convertir�n en 13 veredas. En Mallorca habr� dos veguer�as, y en Valencia cuatro gobernaciones y once distritos.
En la Corona de Castilla la ordenaci�n del territorio es m�s racional, aunque Navarra, Vascongadas, Asturias y Galicia tendr�n sus Juntas Generales. Navarra es un reino a parte. Vascongadas recibe del rey Felipe III, en 1610, el reconocimiento de hidalgu�a para todos los guipuzcoanos, de esta �poca parte la peculiaridad vasca. En �lava, desde 1537, el territorio se divide en seis cuadrillas, repartidas en hermandades. Pero salvo estas excepciones, el resto de la corona tiene una ordenaci�n uniforme. La divisi�n en reinos acab� por sucumbir. Hab�a 19 merindades y 17 distritos, cuyos l�mites coincid�an con los de los obispados. Las Cortes se reun�an por ciudades. Estas se convocaban para aprobar los impuestos extraordinarios, por lo que hab�a que delimitar las circunscripciones fiscales. En 1556 el territorio se divide en 40 partidos, de los cuales 18 son provincias, las que tienen por capital ciudades con voto en las Cortes. Pero el �rea que controlaban estos partidos y provincias depend�a de los territorios se�oriales. En 1691 se ordena que, a efectos fiscales, s�lo haya 21 provincias. A efectos gubernativos se afirman los corregimientos, s�lo en el realengo. En 1610 hay 68 corregimientos y tres adelantamientos. En 1610 la corona se divide en cinco partidos, que comprenden entre 13 y 18 corregimientos, m�s los adelantamientos, m�s los maestrazgos y un priorato. En 1690 los partidos aumentan a nueve, pero esta cifra cambiar� muchas m�s veces.
El sistema de ordenaci�n del territorio de los Austrias es demasiado complejo y poco eficaz, para un Estado moderno del siglo XVIII. En 1700 el heredero de la Corona de Espa�a es Felipe V, un Borb�n, con lo que cambia la dinast�a reinante. Los Borbones son m�s centralistas que los Austrias, y tratan de hacer de su monarqu�a un Estado absolutista. Para ello necesitar�n terminar con las diferentes legislaciones y las peculiaridades de cada reino. Pero no es tarea f�cil. Esta labor se har� por medio de los Decretos de Nueva Planta, que se aplican a la Corona de Arag�n; en general a todos los territorios que lucharon en contra de Felipe V en la guerra de Sucesi�n. En 1717 se intentan suprimir las aduanas internas, pero la rebeli�n en el Pa�s Vasco lo impide, por lo que las fronteras volver�n al interior.
En 1711 se impone en Arag�n el Decreto de Nueva Planta, en 1715 en Mallorca, en 1716 en Catalu�a: con ellos desaparecen las instituciones tradicionales y los fueros de los reinos. A pesar de que no hubo grandes resistencias, la corona tuvo de transigir con viejas costumbres, como nombrar para los cargos p�blicos a naturales. Tambi�n desaparecieron las Cortes. En 1709 las Cortes de Arag�n y Valencia se integran en las Cortes de Espa�a, y en 1724 las de Catalu�a.
A pesar del esfuerzo uniformador, no se pudo reintegrar a todos los se�or�os, por lo que se mantuvieron muchas peculiaridades. Estas peculiaridades tendr�n especial importancia en la recaudaci�n de impuestos. Habr� provincias exentas, como Navarra y el Pa�s Vasco, y fiscalidad diferenciada para la Corona de Arag�n.
El nuevo Estado absoluto necesita una ordenaci�n del territorio diferente, m�s racional. Los Decretos de Nueva Planta convierten a los reinos de la Corona de Arag�n en provincias, gobernadas por un capit�n general y un presidente de audiencia. Este es el sistema que se generaliza por toda Espa�a. El territorio se divide en 11 capitan�as-audiencias, con funciones gubernativas y judiciales. Murcia se integrar� en la capitan�a de Valencia, con lo que se rompen las antiguas fronteras de los reinos. Se mantienen las 21 provincias castellanas, a las que se a�aden otras cuatro de la Corona de Arag�n. Las provincias se dividen en 81 corregimientos, agrupados en 10 partidos. Esta es la divisi�n provincial que aparece en el nomencl�tor de 1789 de Floridablanca. Treinta y ocho provincias muy desequilibradas territorialmente y con muchos enclaves de unas en otras, fruto de la servidumbre de los territorios se�oriales. El n�mero de provincias var�a entre 21 y 38.
Este sistema es muy irracional y no permite un gobierno eficaz. Los ilustrados tratar�n de remediar la situaci�n. En 1799 Miguel C. Soler propondr� la creaci�n de otras 6 provincias para equiparar la extensi�n de todas. Entre 1801 y 1805 se intenta otra divisi�n, para facilitar la recaudaci�n de impuestos. Pero no tiene �xito. La invasi�n napole�nica detiene el proceso. En 1810 se convocan las Cortes en C�diz y se llaman a las 28 provincias de 1749.
El siglo XIX se debate entre el Antiguo R�gimen y el Estado liberal, con dos conceptos antag�nicos de gobierno. El Estado liberal necesita una nueva ordenaci�n del territorio, que le permita gobernar el pa�s de manera uniforme, recaudar impuestos, y crear un mercado �nico con leyes iguales para todos, y a ello se dedicar� durante el siglo, tanto como a otras cuestiones, ya que es un Estado nuevo.
El nuevo orden llega a Espa�a de la mano de Napole�n, que pone a su hermano Jos� I en el trono. En mayo de 1808 estalla la guerra de la Independencia. Sin embargo, bajo la tutela de Bonaparte se intenta ordenar el territorio, en 1810, dividi�ndolo en 38 prefecturas, como las francesas, y 111 subprefecturas, seg�n el proyecto del cl�rigo Ll�rente. Las prefecturas se llamar�n de la misma manera que el nombre de la capital. Esta divisi�n hac�a tabla rasa de los condicionantes hist�ricos, pero nunca lleg� a entrar en vigor. En 1811 las Cortes de C�diz derogan los se�or�os jurisdiccionales, desapareciendo as� la divisi�n entre se�or�o y realengo, que a pesar de la Restauraci�n no volver�n a entrar el vigor.
Al tiempo, las Cortes de C�diz intentan crear un nuevo r�gimen, tambi�n liberal, en el que todas las provincias tengan las mismas obligaciones. La constituci�n de 1812 no reconoce la personalidad pol�tica de los antiguos territorios hist�ricos. Esto fue aprobado por los diputados de todas las provincias, incluidos los territorios americanos. Las Cortes llegan a un sistema nuevo que s� tiene en cuenta los condicionamientos hist�ricos. Se crean 32 provincias, seg�n el nomencl�tor de Floridablanca, con algunas correcciones. Pero, adem�s, en 1813 encargan una nueva divisi�n provincial a Felipe Bauz�, que determina 44 provincias, con criterios hist�ricos. Pero nada de esto se aprob�, y el regreso de Fernando VII supuso la vuelta al Antiguo R�gimen, con ciertas modificaciones. En 1817 Espa�a estaba dividida en 29 intendencias y 13 consulados.
Durante el trienio liberal (1820-1823) se impulsa la construcci�n del Estado liberal, y con �l se promueve una nueva divisi�n provincial, aunque primero se recuperan las diputaciones de 1813. Se trataba de que esta divisi�n alcanzara a todo el pa�s, sin excepciones, y fuera la trama �nica para las actividades administrativas, gubernativas, judiciales y econ�micas, seg�n criterios de igualdad jur�dica, unidad y eficacia.
En enero de 1822 se aprueba, con car�cter provisional, una divisi�n provincial de Espa�a en 52 provincias: en Andaluc�a: Almer�a, C�diz, C�rdoba, Granada, Huelva, Ja�n, M�laga y Sevilla; en Arag�n: Calatayud, Huesca, Teruel y Zaragoza; en Asturias: Oviedo; en Baleares: Baleares; en Canarias: Canarias; en Castilla la Nueva: Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo; en Castilla la Vieja, �vila, Burgos, Logro�o, Palencia, Santander, Segovia, Soria y Valladolid; en Catalu�a: Barcelona, Gerona, L�rida y Tarragona; en Extremadura: Badajoz y C�ceres; en Galicia: La Coru�a, Lugo, Orense y Vigo; en Le�n: Le�n, Salamanca, Villafranca y Zamora; en Murcia: Chinchilla y Murcia; en Navarra: Pamplona; en Valencia: Alicante, Castell�n, J�tiva y Valencia; y en Vascongadas: Bilbao, San Sebasti�n y Vitoria.
Algunas de estas provincias aparecen por primera vez, como Almer�a, Huelva, Calatayud o Logro�o, y otras aparecen con nombre nuevo como Murcia o las provincias vascongadas.
Este proyecto hace pocas concesiones a la historia, y se rige por criterios de poblaci�n, extensi�n y coherencia geogr�fica. Hay una voluntad de superar los nombres hist�ricos, prefiri�ndose los de las ciudades capitales. Tampoco se respetan los l�mites tradicionales de las provincias, configurando un mapa nuevo. Se eliminan los enclaves de unas provincias en otras, si pertenecen a distintos reinos, pero se conservan muchos enclaves. Este proyecto gener� intensos debates por el n�mero de provincias y la capitalidad, pero no dejaron de ser cuestiones menores.
En 1822 se restablecieron los intendentes provinciales como delegados de Hacienda. Pero la ca�da del gobierno liberal y la restauraci�n del absolutismo dio al traste con el proyecto. En 1823 se restablecen las provincias del Antiguo R�gimen por lo que el plan de 1822 nunca lleg� a entrar en vigor.
A la muerte de Fernando VII, en 1833, le sucede Isabel II, menor de edad. Para mantenerse en el poder, su madre Mar�a Cristina, la regente entre 1833 y 1840, se apoya en los liberales. El general Espartero ser� regente entre 1841 y 1843. Esta es la �poca en la que los liberales se asientan definitivamente en el poder y crean el nuevo Estado liberal.
Mar�a Cristina encargar� a Javier de Burgos la creaci�n de una nueva divisi�n provincial. El proyecto de Javier de Burgos es pr�cticamente el mismo que el de 1822, pero sin las provincias de Calatayud y Villafranca (Bierzo), adem�s otras provincias cambian de nombre al cambiar de capital. El proyecto de Javier de Burgos incluye 49 provincias: en Andaluc�a: Almer�a, C�diz, C�rdoba, Granada, Huelva, Ja�n, M�laga y Sevilla; en Arag�n: Huesca, Teruel y Zaragoza; en Asturias: Oviedo; en Baleares: Baleares; en Canarias: Canarias; en Castilla la Nueva: Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo; en Castilla la Vieja, �vila, Burgos, Logro�o, Palencia, Santander, Segovia, Soria y Valladolid; en Catalu�a: Barcelona, Gerona, L�rida y Tarragona; en Extremadura: Badajoz y C�ceres; en Galicia: La Coru�a, Lugo, Orense y Pontevedra; en Le�n: Le�n, Salamanca y Zamora; en Murcia: Albacete y Murcia; en Navarra: Navarra; en Valencia: Alicante, Castell�n y Valencia; y en Vascongadas: �lava, Guip�zcoa y Vizcaya.
Se recuperan los nombres tradicionales de las provincias vascongadas y Navarra, pero se hacen menos concesiones a la historia, ya que persisten muy pocos enclaves, los m�s importantes son: el rinc�n de Ademuz y el condado de Trevi�o. Para esta divisi�n se rige por los mismos principios de poblaci�n, extensi�n y coherencia geogr�fica.
Esta divisi�n provincial se consolida, y triunfa r�pidamente, hasta llegar a nuestros d�as, ya que inmediatamente se dota a las capitales de provincias de las instituciones de gobierno b�sicas, cre�ndose al tiempo los subdelegados de Fomento (los futuros gobernadores civiles, hoy delegados del Gobierno). Adem�s, la divisi�n provincial ser� el soporte para todas las ramas de la Administraci�n, y las futuras divisiones. Todos los ayuntamientos, y su alfoz, deben estar �ntegramente dentro de una provincia. Poco despu�s est�n perfectamente delimitadas todas las provincias, con los enclaves correspondientes. Esta ser� la base de un Estado fuerte y centralizado, eficaz y uniforme, sin privilegios ni excepciones.
La divisi�n provincial se consolidar� poco despu�s; en 1834 se dividen las provincias en partidos judiciales, y para ello se tienen en cuenta los l�mites provinciales. En los partidos judiciales se pondr�n los juzgados de primera instancia e instrucci�n, que m�s tarde ser�an la base para los distritos electorales y la contribuci�n. En 1868 exist�an 463 partidos judiciales y unos 8.000 municipios. En las elecciones municipales de 1999 hab�a 8.037 ayuntamientos, algunos no ten�an m�s de 10 a�os.
Las revisiones de este modelo fueron muy escasas. En 1836 se ampl�a Valencia a costa de Alicante. En 1841 se ampl�a Logro�o, pero temporalmente. Entre 1844 y 1854 la capital de Guip�zcoa pas� de San Sebasti�n a Tolosa. En 1846 se rectificaron los l�mites entre Ciudad Real y Albacete. En 1851 Requena y Utiel pasan de Cuenca a Valencia. Y por �ltimo, en 1927 Canarias se divide en dos provincias, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Esta es la modificaci�n m�s importante, ya que aumenta las provincias a 50. Por lo dem�s estas son las provincias actuales.
A pesar de la uniformidad el Pa�s Vasco y Navarra conservar�n sus fueros hasta el fin de las guerras carlistas. En 1841 Navarra pierde sus instituciones, aunque conserva su derecho y la contribuci�n �nica, hasta 1877 en que desaparecen su Junta y Diputaci�n, tras haber perdido su capacidad de crear leyes.
En las provincias se instalan delegaciones de todos los organismos del gobierno, con lo cual se realiza una desconcentraci�n administrativa que facilita el gobierno del pa�s.
Si el siglo XIX es el de la creaci�n en Espa�a de un Estado moderno, tambi�n es el de la aparici�n de los idionacionalismos, basados en la rica historia de Espa�a y su tradicional divisi�n en reinos. Estos nacionalismos identificar�n, como los rom�nticos, naci�n y pueblo, y mitificar�n su historia, sus leyes y fueros, sus costumbres, su lengua, etc. Aparecer�n nacionalismos en todas las regiones perif�ricas, Galicia, Pa�s Vasco, Catalu�a y Andaluc�a, fundamentalmente. Los nacionalismos pondr�n de relieve la necesidad de crear unas regiones supraprovinciales que tengan cierta independencia de gobierno frente al poder central.
Desde 1847 se buscar� una divisi�n de Espa�a de mayor amplitud, que se debatir� entre el federalismo y la autonom�a m�s o menos amplia. Se plantea agrupar las provincias en cuatro �gobiernos generales�, pero sin �xito. Hacia 1913 se propone que las provincias puedan mancomunarse, cosa que aprovechan Catalu�a, el Pa�s Vasco, Asturias y otras, pero la dictadura de Primo de Rivera corta el proceso.
El intento m�s claro de crear unas autonom�as en Espa�a fue el de la segunda Rep�blica, en cuya constituci�n se reconoc�a el derecho a la autonom�a, pero el proceso fue lento. Se presentan numerosos proyectos de autonom�a. El Estatuto de Nuria, para Catalu�a es el m�s importante, pero tambi�n los presentan el Pa�s Vasco, Arag�n, Galicia, Baleares, Navarra, Valencia, Canarias, Le�n y Andaluc�a. De todos ellos s�lo se aprobaron el estatuto catal�n, en 1932, y el vasco en octubre de 1936, en plena guerra civil, y sin ninguna consecuencia real.
El r�gimen de Franco, tras la guerra civil, fue rabiosamente centralista y elimin� toda posibilidad de conceder alg�n tipo de autonom�a a nadie. Habr� que esperar a su muerte para que se reanude el proceso.
Tras la muerte de Franco surge un nuevo Estado, democr�tico y con una nueva constituci�n, homologable a los pa�ses desarrollados modernos. En la constituci�n de 1978 se reconoce el derecho a la autonom�a a las regiones. Espa�a se define como un Estado plurinacional, y se compromete a potenciar su variedad cultural. En la Constituci�n se marca, en el t�tulo VIII, el proceso de acceso a la autonom�a, y se establece un per�odo de preautonom�as y consultas que dar�n paso, progresivamente, a su formaci�n.
Tras este proceso se establece la existencia de 17 autonom�as. Todas las autonom�as tienen los l�mites de las provincias que las componen. Los nombres oficiales de la comunidades aut�nomas, con las provincias y el a�o en el que accedieron a la autonom�a son:
Andaluc�a: (30 de diciembre de 1981) Huelva,
Sevilla, C�rdoba, Ja�n, Granada, Almer�a, M�laga y C�diz
Arag�n: (10 de agosto de 1982) Zaragoza,
Teruel y Huesca
Canarias: (10 de agosto de 1982) Las
Palmas y Santa Cruz de Tenerife
Cantabria: (30 de diciembre de 1981)
Santander
Castilla y Le�n: (25 de febrero de 1983)
Le�n, Palencia, Burgos, Soria, Segovia, �vila, Salamanca, Zamora y Valladolid
Castilla-La Mancha: (10 de agosto de
1982) Guadalajara, Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Albacete
Catalu�a: (18 de diciembre de 1979)
Barcelona, Gerona, Tarragona y L�rida
Comunidad de Madrid: (25 de febrero de
1983) Madrid
Comunidad Foral de Navarra: (10 de agosto
de 1982) Navarra
Comunidad Valenciana: (1 de julio de
1982) Valencia, Castell�n y Alicante
Extremadura: (25 de febrero de 1983)
C�ceres y Badajoz
Galicia: (6 de abril de 1981) La Coru�a,
Lugo, Orense y Pontevedra
Islas Baleares: (25 de febrero de 1983)
Baleares
La Rioja: (9 de junio de 1982) Logro�o
Pa�s Vasco (Euskadi):
(18 de diciembre de 1979) Guip�zcoa, Vizcaya y �lava
Principado de Asturias: (30 de diciembre
de 1981) Oviedo
Regi�n de Murcia: (9 de junio de 1982)
Murcia
Adem�s est�n las ciudades aut�nomas de Ceuta y Melilla, (1995).
Para determinar qu� provincias entraban en cada comunidad se tuvieron en cuenta criterios hist�ricos, geogr�ficos, econ�micos y pol�ticos. Por motivos hist�ricos se crearon las comunidades de Galicia, Asturias, Pa�s Vasco, Navarra, Arag�n, Catalu�a, Extremadura y Andaluc�a; por motivos geogr�ficos las de Castilla y Le�n, a la que se a�adi� Segovia por Decreto Ley, que en principio no iba a formar parte de ella; Castilla-La Mancha, a la que se a�adi� Albacete que pertenec�a al reino de Murcia; Cantabria y La Rioja, desgajadas de Castilla; y Canarias y Baleares, por su insularidad; por motivos pol�ticos se cre� Madrid. En 1979 conseguir�an la autonom�a Catalu�a y el Pa�s Vasco, en 1980 Andaluc�a y Galicia, en 1981 el Principado de Asturias y Cantabria, en 1982 La Rioja, Murcia, Arag�n, Canarias, Castilla-La Mancha, Navarra y Comunidad Valenciana, y en 1983 Baleares, Castilla y Le�n, Extremadura y Madrid.
Aunque en principio no ten�an reivindicaciones nacionalista m�s que las regiones hist�ricas de la periferia, las autonom�as han cuajado profundamente entre la poblaci�n, y se ha despertado un sentimiento autonomista, y de regi�n diferenciada, donde no lo hab�a. Todas las autonom�as tienen un estatuto donde se plasman sus aspiraciones pol�ticas y de autogobierno. Los estatutos m�s reivindicativos son los de aquellas regiones con lengua propia diferente al espa�ol.
La pr�ctica ha demostrado la idoneidad de estas autonom�as, que han permitido un mejor gobierno del pa�s, no sin tensiones. Estas autonom�as, aunque no est� recogido as� en la constituci�n, tienden a crear un Estado federal. Por �ltimo la pol�mica entre el Estado central y las autonom�as se centra en cu�ndo se cierra el proceso y cu�ndo se ha alcanzado el techo reivindicativo.
Las autonom�as han intentado dividir su territorio en comarcas, hist�ricas o naturales, que en general no afectaban a todo su territorio; pero todos estos proyectos han fracasado, salvo en Catalu�a, que eran una tradici�n consolidada. No parece viable poner un estrato m�s entre el ciudadano y el Estado nacional. Actualmente, hay en Espa�a cuatro niveles en la Administraci�n, independientes entre s�: los municipios, las provincias, las autonom�as y el Estado nacional.
Espa�a no es un pa�s en el que se haya desarrollado uniformemente sus regiones. La especializaci�n territorial de algunas actividades, y las crisis de ciertos sectores, han marcado profundas diferencias entre regiones y autonom�as. Es necesario, pues, un esfuerzo de integraci�n territorial para que no se incrementen estos desequilibrios.
Espa�a ha conseguido ser un pa�s desarrollado, al menos en lo que a renta per c�pita se refiere. Sin embargo, esta afirmaci�n enmascara desequilibrios regionales muy importantes. En la d�cada de los 60 fue uno de los pa�ses de mayor crecimiento econ�mico; y tras la superaci�n de la crisis del 1973 tambi�n ha tenido un crecimiento importante, que ha homologado su econom�a con la de los dem�s pa�ses europeos, lo que le ha permitido entrar en la Uni�n Europea. Desde 1970 Espa�a es uno de los 15 pa�ses m�s desarrollados del mundo. Pero esto se ha hecho a costa de una inflaci�n muy alta que ha perjudicado a las clases menos pudientes, aumentando la desigualdad social. Esta desigualdad se ha solventado en la d�cada de los 80 gracias al desarrollo de las prestaciones del Estado, ya que se ha desarrollado ampliamente el Estado del bienestar. El desarrollo econ�mico ha hecho de la espa�ola una poblaci�n mayoritariamente urbana. La alimentaci�n, la sanidad y la educaci�n son comparables a la de cualquier pa�s desarrollado, sobre todo la p�blica.
Esta situaci�n no debe ocultar que el desarrollo capitalista implica diferencias entre los individuos, los sectores, las clases y las regiones. Nos centraremos en los desequilibrios regionales de poblaci�n, renta y producci�n.
De los casi 40.000.000 de espa�oles, que suponen una densidad media de 77 h/km2, la mayor�a se concentra en las regiones del litoral y en Madrid. El resto del territorio tiene una densidad de poblaci�n muy baja. Este desequilibrio se acent�a si nos fijamos en c�mo est� distribuida la poblaci�n en cada zona. La mayor parte de la gente vive en ciudades, mientras que el medio rural est� pr�cticamente despoblado, tras el �xodo de los a�os 60 y 70. S�lo las comarcas de la huerta murciana y valenciana, Tierra de Campos y el P�ramo leon�s son regiones rurales con una densidad de poblaci�n superior a la media.
La renta nacional tiene los mismos desequilibrios. La provincia con una renta mayor es Baleares, fruto del turismo, y est� muy por encima de provincias como Lugo, C�ceres o Zamora. La franja oeste y sur de Espa�a tiene una renta per c�pita muy inferior a la de Madrid, Catalu�a, Levante o Baleares. Regiones como Asturias o el Pa�s Vasco, que tradicionalmente fueron de las de mayor renta, han perdido posiciones, aunque siguen por encima de la media. A grandes rasgos, en una hipot�tica l�nea de Ribadeo a Almer�a, la Espa�a pobre quedar�a al suroeste, exceptuando La Coru�a y Vigo, y la Espa�a rica al noreste, exceptuando, Soria, Huesca y Teruel. Esta diferencia se debe a muchos factores, entre los que destacan las pol�ticas de desarrollo de estas regiones y su mayor cercan�a a los mercados europeos. En el centro de la pen�nsula s�lo Madrid constituye un punto m�s desarrollado, seguido muy de lejos por el eje Valladolid-Palencia. Esto no debe ocultar la existencia, en todas partes, de bolsas de subdesarrollo y zonas desarrolladas. Los desequilibrios regionales internos tambi�n son muy importantes. En general, la capital de la provincia crea un hinterland de desarrollo en su contorno que llega hasta donde la capacidad econ�mica le permite, a veces supera su provincia y otras no. En este modelo ha sido de vital importancia la creaci�n de polos de desarrollo durante el franquismo, como el de Valladolid, Aranda de Duero, etc.
En la Espa�a menos desarrollada la agricultura es el medio b�sico de creaci�n de riqueza, seguido de los servicios y la industria. En la Espa�a m�s desarrollada encontramos dos modelos: las regiones donde la creaci�n de riqueza est� centrada en la industria, y seguida de los servicios y la agricultura; y las regiones en las que la creaci�n de riqueza est� centrada en los servicios, seguido de la industria y la agricultura. En las zonas de desarrollo industrial podemos distinguir las de modelo industrial cl�sico, que est�n en crisis y han sufrido un profundo proceso de reconversi�n, como Asturias, Pa�s Vasco o Sagunto; y las regiones de industria moderna, como Catalu�a, Madrid, la costa gallega o Valencia. Las regiones en las que predomina el sector servicios son las zonas tur�sticas, y son las m�s ricas de Espa�a, como Baleares o Canarias.
En 1986 Espa�a entra en la CEE. Desde su entrada, la mayor parte del pa�s, un 80%, ha estado recibiendo fondos de compensaci�n para reducir las diferencias regionales. Es necesaria una pol�tica de compensaci�n y solidaridad entre regiones, a trav�s de las inversiones p�blicas. Pero no debemos olvidar que el desarrollo viene de la mano de la creaci�n de capitales aut�ctonos, la inversi�n en industria y la explotaci�n sostenible del medio.
Que la poblaci�n espa�ola est� concentrada en la periferia y en Madrid, es de vital importancia para la localizaci�n de las ciudades y las l�neas de comunicaci�n.
En Espa�a hay dos grandes ciudades de �mbito nacional que reflejan la tensi�n entre el centro y la periferia: Madrid, la capital de Espa�a, que ocupa el primer lugar en la jerarqu�a, y Barcelona que ocupa el segundo lugar. Tras estas dos ciudades se encuentran las grandes urbes de la costa, cuya influencia alcanza m�s all� de su propia regi�n: La Coru�a, Bilbao, Valencia, Sevilla, M�laga y la conurbaci�n del ocho asturiano. Luego est�n las ciudades cuya influencia alcanza a toda su regi�n, o al menos a la mayor parte, como Oviedo y Gij�n, Vigo, Santander, Valladolid, Toledo, etc. Tras ellas est�n las capitales de provincia, que s�lo en casos muy contados extienden su influencia sobre toda la provincia. Por debajo est�n las capitales comarcales, que ejercen su influencia en toda su comarca: Ponferrada, Aranda de Duero, Medina de Ebro, �beda, Reinosa, etc. Luego vienen las capitales de municipios m�s o menos grandes, en torno a los 5.000 habitantes. Por debajo de ellas ya s�lo quedan los pueblos.
En el mundo rural distinguimos dos tipos de poblamiento: el concentrado y el disperso. El poblamiento concentrado en el agrupamiento de las viviendas de la aldea en un lugar en concreto, dejando el resto para que pueda ser cultivado. El poblamiento disperso se caracteriza porque no existe un n�cleo de viviendas sino que est�n esparcidas por todo el territorio, normalmente cerca de las explotaciones de cada familia. Encontramos poblamiento concentrado en el interior peninsular, la meseta, Extremadura, Arag�n. Tambi�n en el levante y Andaluc�a, por motivos socioecon�micos. En el centro del valle del Ebro, Castilla-La Mancha, Andaluc�a central y Mallorca la distancia entre los n�cleos de poblaci�n tiene una regularidad notable y en todas las direcciones, en este caso hablamos de poblamiento en mosaico.
El poblamiento disperso lo encontramos en la fachada cant�brica, desde Galicia al Pa�s Vasco, y a mucha distancia de esto en la costa levantina, Murcia y Valencia, la costa malague�a, el Pirineo catal�n y las islas Canarias occidentales, sobre todo entre La Orotava y La Laguna en Tenerife y el entorno de Las Palmas de Gran Canaria en Gran Canaria. El poblamiento disperso puro, sin ning�n n�cleo de poblaci�n, es muy raro, pero lo encontramos en el valle del Pas (Cantabria) y en el prepirineo catal�n. Responden aun tipo de explotaci�n autosuficiente en el que se obtienen todos los productos que necesita la unidad familiar: el casal gallego, la caser�a asturiana, el solar monta��s, la caser�a vasca y la mas�a catalana, junto con la heredad castellana y a las explotaciones de huerta. No obstante lo m�s llamativo del poblamiento rural espa�ol son los n�cleos de menos de 500 habitantes, que se extiende por todas las regiones monta�osas e incluso por la meseta, independientemente de que la zona sea de predominio disperso o concentrado. Estos n�cleos tienen su origen en la Edad Medio y Moderna, y aunque el �xodo rural de los a�os 60 y 70 redujo su poblaci�n, ya eran peque�os entonces. Las regiones que m�s porcentaje de n�cleos peque�os tiene son la cornisa cant�brica, desde Galicia al Pa�s Vasco, tanto al norte como al sur de la cordillera y el Pirineo, desde Navarra a Gerona, donde destacan el norte de Huesca y L�rida. Las regiones con menos n�cleos peque�os son, a parte de las monta�as de los Ancares y el Maestrazgo; la costa gaditana, Extremadura, Toledo y Ciudad Real. Recordemos que alrededor de los grandes n�cleos de poblaci�n est� apareciendo un poblamiento periurbano disperso de personas que viven en el campo pero que trabajan en la ciudad.
El caser�o rural est� perdiendo su tipismo caracter�stico, ya que tambi�n se pierden las funciones de la vivienda rural. Incluso quienes viven del campo necesitan otra casa que ya no es la de sus antepasados. Las casas de adobe o piedra, las edificaciones para guardar las cosechas y los animales de granja y la estructura de la vivienda est�n desapareciendo, ya que no se guarda la cosecha, las cuadras necesitan unas condiciones higi�nicas que no permite su coexistencia con la vivienda. La vivienda rural actual se parece m�s que nunca a la vivienda urbana.
La red de transportes refleja las diferencias de poblaci�n entre el centro y la periferia. La red de carreteras tiene su origen en la organizaci�n radial borb�nica, cuyo centro era Madrid. Sin embargo, no han dejado de construirse carreteras transversales sobre las antiguas ca�adas y veredas. En muchas ocasiones los caminos de herradura han dado paso a carreteras, as� como los nuevos caminos de concentraci�n, tras asfaltarlos. La red de carreteras espa�ola es muy tupida, pero en general est� infrautilizada. Los grandes vol�menes de tr�fico se concentran en las regiones m�s densamente pobladas, en donde el tr�fico est� congestionado. Como Madrid est� en el centro de la pen�nsula todo el despoblado interior est� surcado por carreteras que comunican la capital con la periferia, pero que son excesivas para las necesidades de la regi�n en las que se encuentran, por eso est�n infrautilizadas la mayor parte del a�o. En general, las carreteras en Espa�a son buenas, tras el esfuerzo hecho durante los �ltimos a�os. Predominan las autov�as y las autopistas, muy pocas de ellas de peaje. La existencia de centros tur�sticos ha potenciado la creaci�n de carreteras que no responden al modelo radial: la red de la periferia. Tambi�n las carreteras cuya competencia pertenece a las comunidades aut�nomas se escapan del modelo radial. El transporte de mercanc�as y de viajeros utiliza esta red.
El ferrocarril s� mantiene el modelo creado en el siglo XIX, ya que hacer v�as para trenes es menos rentable. La red de RENFE es arborescente, y tiene su centro en Madrid; mientras que la de FEVE es regional y sigue un modelo m�s transversal, aunque local. El ferrocarril se utiliza para el transporte de mercanc�as pesadas, principalmente, pero tambi�n para viajeros. Al igual que con las carreteras, en las regiones m�s pobladas el ferrocarril est� congestionado, mientras que en las regiones del interior su utilizaci�n es muy escasa. El ferrocarril fue, a comienzos de siglo, el impulsor del desarrollo de numerosas ciudades y regiones, frecuentemente las ciudades crec�an en direcci�n a la estaci�n.
Los aeropuertos espa�oles tienen una exagerada tendencia a situarse en la periferia. Salvo el aeropuerto de Madrid-Barajas todos los dem�s aeropuertos internacionales espa�oles est�n en la periferia. Los aeropuertos m�s importantes son: el de Barajas y los de las regiones tur�sticas, Mallorca, Tenerife, Barcelona, etc.
Los puertos de mar espa�oles est�n, en gran medida, muy especializados. Los muelles m�s activos y mejor equipados est�n en las zonas tur�sticas. El de mayor volumen de pasajeros es el de Tarifa, seguido de los de Mallorca, Valencia, Barcelona, Tenerife, etc. El puerto de Vigo est� especializado en la pesca. En la industria est�n especializados los puertos de Barcelona, Bilbao, La Coru�a y Gij�n. Tambi�n hay numerosos puertos deportivos y de recreo, adem�s de peque�os embarcaderos de pesca en pueblos marineros.
La ordenaci�n del territorio no s�lo debe responder a motivos pol�ticos sino tambi�n a razones geogr�ficas y econ�micas. Es necesario aprovechar las ventajas comparativas de las distintas regiones y especializar la econom�a, aprovechando la red de transporte para los intercambios comerciales y para articular las regiones entre s�, e internamente. En este sentido parece que la autonom�a es la mejor escala para atender a estas necesidades.
BIBLIOGRAF�A
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Manuel Ter�n, L. Sol� Sabar�s, y otros: �Geograf�a regional de Espa�a�. Ariel. Barcelona 1987
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