"Pol�tico/a" es lo relativo a la polis, t�rmino con que los griegos designaban la "comunidad" m�s amplia, �ltima, no englobada en otra posterior y superior, resultado y condici�n de la plena realizaci�n humana. Reviste as� la polis, estructural y formalmente, notas (autosuficiencia, independencia) que pueden verse en otras formas de sociedades �ltimas materialmente muy diferentes. En cuando miembro de la ciudad se es polites. La constituci�n estructural y jur�dica de la polis es la politeia.
Sustantivado, el t�rmino "pol�tica" ("la" pol�tica) ser� el conjunto, orden o esfera de todas las actividades e instituciones, saberes y haceres, que se refieren espec�ficamente de uno u otro modo a la polis. Por "pol�tica" se entiende tambi�n tradicionalmente un "arte" (forma de saber pr�ctico inmediato o simple actuar prudencial de quien posee dotes especiales, m�s naturales que adquiridas, para la direcci�n, gobernaci�n o pastoreo de "hombres" en colectividad). Seg�n otras acepciones, usuales tambi�n en referencia a �mbitos ajenos a su sentido m�s propio, "pol�tica" es, en general: conjunto de supuestos, principios, medios, actividades con que se organiza y dirige un grupo humano para la consecuci�n de determinados objetivos ("la pol�tica de nuestra empresa") p�blicos o privados.
Llamamos pol�tica a la estructura general de la autoridad y del poder en una sociedad dada. El poder es la capacidad que poseen individuos o grupos de afectar, seg�n su voluntad, la conducta de otros individuos, grupos o colectividades. Esta capacidad puede limitarse a una mera influencia o descansar sobre una sanci�n punitiva. El hecho clave es la capacidad real de control y manipulaci�n que poseen unos seres humanos sobre otros. El poder dimana de un fen�meno tan cambiante y vago como la opini�n p�blica, al igual que dimana de entidades tan concretas como pueda ser una dictadura personal. Adem�s de la variedad de sus fuentes, el poder es un fen�meno universal en la sociedad, pues lo encontramos en todos los niveles. El poder tiene la funci�n de guiar estructuras sociales a base de un flujo m�s o menos coherente de decisiones, las cuales, a su vez, producen o intentan producir un orden deseado por quienes lo detentan. Un flujo de decisiones suele llamarse pol�tica, en el sentido a la vez de estrategia y t�ctica seguidas por grupos de personas en su conducta de ejercicio del poder. No existe grupo que o haya de seguir una pol�tica, ni sistema social que de por s� est� tan integrado que no necesite darse o recibir estructuras de poder.
En sociolog�a pol�tica el campo de inter�s se centra sobre aquellas instituciones que son primordialmente de poder p�blico, es decir, las que a pesar de su estructura clasista, econ�mica, racial, religiosa, est�n erigidas sobre todo para el control pol�tico de la colectividad y para la obtenci�n de los fines determinados por quienes detentan el poder o lo influyen.
El poder se ejerce, en primer lugar, a trav�s de un gobierno. El gobierno es un concepto que se usa en tres sentidos diferentes: como acto de gobernar, o sea, de ejercer control sobre los dem�s; como orden pol�tico, en cuyo caso se asemeja mucho a lo que entendemos por pol�tica, y como grupo humano que gobierna. Este �ltimo sentido es el m�s corriente en sociolog�a. Un gobierno, para serlo, debe ejercer un control imperativo en un territorio definido y poseer un monopolio del mismo.
Legitimidad es simplemente el hecho de que exista consenso suficiente en la aceptaci�n de una autoridad y de su poder. Esto significa, por lo tanto, que un gobierno leg�timo para unos puede ser un gobierno tir�nico para otros.
La mayor parte de los contenidos expresados por la palabra "Estado" (poder, organizaci�n, dominio, soberan�a, etc.) son muy antiguos. Muchos de estos elementos se encuentran ya presentes en los grandes imperios de la Antig�edad, en los imperios de Egipto, Mesopotamia, Persia� y sin duda alguna en la organizaci�n griega y en el Imperio Romano.
Sin embargo, el propio t�rmino "Estado" es relativamente reciente, as� como diferentes las definiciones que de �l dan diferentes autores, y diferentes son las explicaciones sobre su origen; el t�rmino Estado surgi� a comienzos del siglo XVI y tuvo su origen en el pol�tico Maquiavelo, quien, en su obra El pr�ncipe, con esta palabra se refiere a la autoridad o al poder que ejerce un gobernante sobre las personas que habitan en un determinado territorio: "todos los Estados, todas las soberan�as, que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres fueron y son rep�blicas o principados". Posteriormente, el uso de este t�rmino se hizo com�n a partir del siglo XIX.
Para la filosof�a hegeliana, en el Estado cristaliza el �ltimo momento de la evoluci�n del esp�ritu. El Estado es la manifestaci�n de la eticidad absoluta y, en esta su dimensi�n moral, es el n�cleo sobre el que se articula la plena emancipaci�n humana. El ser humano aparece relacionado con el Estado en su condici�n m�s abstracta posible: como ciudadano y, a su vez, el Estado, administrado por una clase sin intereses espec�ficos, esto es, con intereses universales, la burocracia, se convierte en el garante de la emancipaci�n humana.
Para Oppenheim el Estado no es m�s que el producto hist�rico de la violencia y del derecho de conquista. El Derecho que el Estado pretende establecer est� fundamentado en una injusticia.
Seg�n el marxismo, el Estado no es m�s que el utensilio de que se valen las clases dominantes para mantener supeditadas a las otras.
Stein Rokkan, por su parte, ha elaborado una teor�a del origen del Estado como fen�meno hist�rico concreto, no desde una perspectiva metaf�sica o meramente normativa, que pretende dar cuenta de la formaci�n de los Estados nacionales europeos en los comienzos de la Edad Moderna. De acuerdo con Rokkan, los Estados europeos son las organizaciones pol�ticas que han surgido del modo diverso en que las distintas sociedades del continente han resuelto los cuatro cleavages que suponen retos en la evoluci�n social, esto es: a) el cleavage entre el centro y la periferia; b) entre la ciudad y el campo; c) entre la Iglesia y el Estado; d) entre el capital y el trabajo.
Para Max Weber, el Estado se habr�a desarrollado junto con la modernidad capitalista. La idea del Estado que surge en la Italia de finales del siglo XV coincidir�a en el tiempo con la que configura el "esp�ritu del capitalismo", y con los primeros escarceos de lo que luego va a constituir la gran revoluci�n de la modernidad, la ciencia f�sico-natural. La ciencia moderna, con su correspondiente desarrollo tecnol�gico, el capitalismo, desde el mercantil al industrial, y el Estado desde la Monarqu�a absoluta al Estado democr�tico, forman el tr�pode sobre el que se asienta la modernidad. Para Weber, "Estado es aquella comunidad humana que dentro de un territorio -el territorio es uno de sus caracteres- aspira con �xito al monopolio leg�timo de la violencia". La fuerza f�sica constituye la categor�a central en la idea de Estado. Si pudiera existir una sociedad con un grado alto de densidad de poblaci�n y de complejidad social, que funcionase sin recurrir a la fuerza, no habr�a surgido el Estado, o podr�a suprimirse. La violencia, que se origina en la lucha en que consiste la vida social, antecede al Estado; �ste pretende tan s�lo monopolizarla. El Estado es la pretensi�n exitosa de monopolizar la violencia leg�tima. Justamente, el que el Estado, como toda realidad humana, no sea m�s que aspiraci�n, explica que no haya conseguido monopolizar toda la violencia; la sociedad -dice Weber-sigue rezumando buena cantidad de violencia, criminal, pol�tica, social. El estado, para Weber, aspira s�lo a monopolizar la violencia leg�tima, declarando con ello ileg�tima la que ejerce cualquier otro agente social. La violencia estatal se define como leg�tima y, en consecuencia, la social no puede ser m�s que ileg�tima.
El Estado supone la existencia de un poder centralizado capaz de obrar de modo coordinado sobre el conjunto de un territorio sometido a su autoridad. Su caracter�stica esencial estriba en la soberan�a, es decir, en la capacidad de mandar y de prohibir por iniciativa propia y sin ninguna dependencia. En este sentido, podemos definir el Estado como una asociaci�n(una organizaci�n jur�dica social) establecida por la sociedad y dotada de personalidad jur�dica, que en virtud de su autoridad o poderejerce su soberan�a sobre un grupo de seres humanos en los l�mites de un territorio.
Desde otro punto de vista, el Estado debe encontrarse orientado a regir la vida p�blica de una sociedad, intentando dirigirla hacia la consecuci�n del bien com�n.
La aparici�n del concepto de Estado supone que se lo defina en relaci�n con el concepto de sociedad o, si se quiere, sociedad civil. El Estado, en contrate con la sociedad, se define, en primer lugar, como el soporte neto del poder. Su aparici�n ha supuesto la confluencia de dos procesos, uno de concentraci�n del poder, que lo erradica de la sociedad y lo condensa en el Estado, y otro de secularizaci�n por el que este poder estatal se mantiene al margen de cualquier principio moral o teol�gico. El poder que caracteriza al Estado es as� un poder absoluto.
El contrapunto Estado-Sociedad se observa ya en Maquiavelo y Moro. Maquiavelo centra su mirada en el Estado, desprendido por completo de la sociedad, como poder puro, y se pregunta por las t�cnicas propias para alcanzarlo y, si se detenta su poder, para conservarlo y ampliarlo. En Maquiavelo encontramos un saber universal sobre el poder, as� como una intenci�n pol�tica: poner este saber al servicio del surgimiento de un Estado italiano. Tom�s Moro, en cambio, se fija en la sociedad y se pregunta por las condiciones que �sta debe ofrecer para que reine la justicia.
El incr�dulo Maquiavelo y el creyente Moro coinciden en un mismo punto de partida: los valores cristianos brillan por su ausencia en la sociedad que les ha tocado vivir. De esta misma experiencia, el florentino y el ingl�s sacan conclusiones opuestas. Si la sociedad nada tiene de cristiana, argumenta Maquiavelo, al margen de sus condicionamientos religiosos, cabe un saber pol�tico que se haga cargo del verdadero comportamiento, tanto de los poderosos como de los pueblos sometidos. Existir�a una "naturaleza humana" inmutable a la que se puede atribuir determinados comportamientos privados y p�blicos, m�s all� de las creencias religiosas de cada �poca. La religi�n, en vez de ser el fundamento �ltimo de la moral y de la pol�tica, se reinterpreta como un mero instrumento pol�tico para mantener el orden. Maquiavelo trastrueca el orden de valores: de estar la pol�tica supeditada a la religi�n, pasa a subordinar la religi�n a la pol�tica.
Tom�s Moro, partiendo de la misma premisa, la sociedad en la que vive es todo menos cristiana, saca la conclusi�n inversa: la necesidad urgente de recristianizarla. Para servir a este objetivo resulta �til mostrar qu� rasgos concretos tendr�a una sociedad regida por principios cristianos, es decir, una en la que la comunidad de bienes hiciera posible la fraternidad. En vez de recurrir a la teor�a cl�sica del Estado ideal, fija su atenci�n en la experiencia fabulosa que le depara el descubrimiento de Am�rica. Estos pueblos que habitan tierras reci�n descubiertas, pese a no haber conocido el evangelio, se acercan mucho m�s al ideal cristiano de fraternidad que la Europa de su tiempo, y ello porque se han constituido seg�n el principio cristiano originario de la comunidad de bienes, comunismo ideal que se concibe consustancial con el esp�ritu cristiano del amor fraterno.
El dominio del Estado aparece definido por un territorio delimitado por sus fronteras. Con frecuencia, esta delimitaci�n obedece a diversos hechos hist�ricos m�s o menos complejos (guerras, accidentes geogr�ficos, etc.), pero su conocimiento oficial se establece convencionalmente y de forma solemne por medio de tratados.
El pueblo se encuentra constituido por las personas y los grupos sociales que residen en el territorio puesto bajo la jurisdicci�n del Estado. La relaci�n entre los diversos seres y grupos humanos que forman el Estado suele fundamentarse en una serie de sentimientos comunes que, en general, pueden basarse en ciertos rasgos comunes de tipo hist�rico, ling��stico, cultural, as� como raciales, organizativos, etc.
Aunque estos rasgos poseen un importante significado respecto al surgimiento de los Estados concretos, todos ellos poseen un valor relativo y, en �ltimo t�rmino, el fundamento esencial de los Estados ha de venir constituido por la voluntad libre de las personas singulares y concretas; por tanto, es necesario rechazar todo sentimiento nacionalista que intente identificar el Estado con determinada raza, tradici�n, lengua o cultura. En este sentido, los Estados son cada vez m�s pluralistas y, por consiguiente, los sentimientos nacionales han de ser cada vez m�s abiertos y tolerantes.
La caracter�stica esencial del Estado es la soberan�a, la posesi�n de un poder soberano, es decir, no sometido a ning�n otro poder superior. Desde este punto de vista, el Estado es una organizaci�n social que tiene por misi�n garantizar su propia seguridad y la de las personas, grupos y sociedades que se encuentran bajo su jurisdicci�n, tanto contra los peligros exteriores como contra los interiores
El gobierno es un grupo de individuos que comparten una determinada responsabilidad en el ejercicio del poder. Si el gobierno es soberano, ostenta el monopolio del poder coactivo en la comunidad pol�tica, representa la autoridad leg�tima y protege y dirige a la comunidad mediante la adopci�n y ejecuci�n de decisiones pol�ticas.
El gobierno es una instituci�n al servicio de la comunidad pol�tica. Si hubi�ramos de asignarle una virtud caracter�stica, �sta ser�a la eficacia. Cuando un gobierno se demuestra ineficaz, pierde su legitimaci�n social y se impone un cambio.
Existen dos grandes teor�as sobre la naturaleza del gobierno, que dan lugar a dos paradigmas opuestos sobre la naturaleza misma de la pol�tica. Estos dos paradigmas suponen, adem�s, dos concepciones opuestas sobre la naturaleza del hombre y la sociedad.
Parte de la idea de que el gobierno es un sistema de eliminar el conflicto social. La sociedad es un agregado de individuos o de grupos de individuos con intereses propios, y eventualmente opuestos a los de otros grupos o individuos. A esta idea de la sociedad subyace la creencia en la racionalidad individual, en la autonom�a y en la libertad del hombre como valor supremo.
Concebida as� la sociedad y la funci�n del gobierno, estos autores reclaman como principio de legitimidad la equidad, es decir, la capacidad para componer ecu�nimemente los intereses en conflicto de los distintos grupos que conviven en la sociedad. El gobierno se ve como un mecanismo o instrumento para evitar los conflictos derivados de la contraposici�n de intereses. Lo que prima son los intereses de los grupos sociales, �stos son, por as� decir, el input del gobierno, el output ser�n decisiones pol�ticas dotadas de la autoridad necesaria para resolver el conflicto. Esta estructura puede ser representada por el siguiente esquema:
sistema social �gobierno � decisiones pol�ticas
En esta concepci�n, se reduce la funci�n del gobierno a la de un instrumento o mecanismo que articula los intereses presentes en el sistema social que, de este modo, es el elemento clave de la comunidad pol�tica
Se basa en la concepci�n de la comunidad pol�tica como el medio para la virtud y la felicidad de cada hombre. El gobierno asume, desde este punto de vista, una funci�n educadora e impulsora del establecimiento de la pol�tica ideal. Modernamente, la concepci�n seg�n la cual el gobierno debe ser un organismo superior, encargado de la direcci�n de la sociedad, est� representada por Marx y Hegel. En concreto, seg�n el concepto marxista, el gobierno debe ser el instrumento del despliegue de la conciencia y, al final del proceso emancipador, desaparecer ya por ser innecesario, al haber transformado la conflictiva sociedad de clases en una comunidad arm�nica, en la que cada uno reconoce que su bien es el de la comunidad, y de la que el conflicto de intereses est� ausente.
El esquema de esta concepci�n ser�a:
gobierno �decisiones pol�ticas � cambio en el sistema social
De acuerdo con el principio cl�sico de la divisi�n de poderes, el Gobierno se identifica con el Poder Ejecutivo, llamado a "ejecutar las leyes en las cuestiones de Derecho p�blico" (mientras que al Poder Judicial se le confiaba ejecutar o aplicar las leyes "en las cuestiones de Derecho Privado"). Este esquema, muy propio del primer liberalismo, descansaba en un entendimiento del Estado como poder p�blico poco intervencionista, de suerte que la funci�n del Gobierno se reduc�a a la aplicaci�n o ejecuci�n de las leyes emanadas del Parlamento. Tambi�n descansaba en un entendimiento del Derecho que reduc�a a �ste al estricto �mbito de la ley.
El poder de ordenaci�n pol�tica de la comunidad correspond�a al Parlamento (representante de la naci�n) y se ejercitaba mediante la ley (expresi�n de la voluntad popular); al Gobierno s�lo le cab�a ejecutar los mandatos parlamentarios. Ejecuci�n que, adem�s, no era controlable por los tribunales.
La conversi�n del Estado liberal en Estado intervencionista, el nacimiento y expansi�n de la potestad reglamentaria, la necesidad de atribuir al Gobierno, por delegaci�n parlamentaria, la facultad de emanar normas con fuerza de ley, la democratizaci�n del Estado liberal y la consiguiente transformaci�n de los Parlamentos en Parlamentos de grupos y la democracia en democracia de partidos, pero, al mismo tiempo, la completa sumisi�n de la funci�n ejecutiva y por lo mismo de la Administraci�n p�blica a controles jurisdiccionales, son, entre otras causa, las que originan una modificaci�n en las funciones y en el status de los Gobiernos, lo que hace que en el siglo XX ya no sea posible identificarlos con el mero Poder Ejecutivo.
Todo ello produce, en nuestro tiempo, un reparto de las funciones pol�ticas entre Parlamento y Gobierno bien distinto al que era propio del pasado siglo. Ahora el Gobierno dirige la pol�tica y el Parlamento la controla. Al Gobierno corresponde dirigir no s�lo la pol�tica de "ejecuci�n" (mediante el instrumento de la Administraci�n), sino tambi�n la pol�tica de "creaci�n", esto es, la pol�tica legislativa (la que se instrumenta a trav�s de las leyes). La funci�n legislativa del Parlamento (incluida la pol�tica presupuestaria) est� dirigida por el propio Gobierno a trav�s de la mayor�a parlamentaria que le apoya.
Ello quiere decir que la genuina funci�n de las C�maras, esto es, la que s�lo �stas, como poder independiente del Gobierno, pueden realizar, es hoy la funci�n de control. Un control que puede manifestarse, de manera polivalente, a trav�s de todos los procedimientos parlamentarios, tanto los caracter�sticos de la propia funci�n de control como los destinados a la funci�n legislativa, a la de designaci�n de personas, etc., etc.
El control parlamentario del Gobierno es una exigencia de la democracia parlamentaria como forma de Estado. La peculiaridad de los sistemas parlamentarios, frente a los presidencialistas, es que s�lo en aquellos se precisa de la relaci�n de confianza pol�tica entre el Gobierno y la C�mara. Tal relaci�n se articula, en el momento del surgimiento de un nuevo Gobierno, bien a trav�s de una confianza presunta o bien a trav�s de una investidura formalizada y, a lo largo de la vida del Gobierno, mediante la cuesti�n de confianza (que el Gobierno puede solicitar) o la moci�n de censura (que la C�mara puede instar).
Caracter�stico de la forma parlamentaria de gobierno es la llamada "ejecutivo dual", es decir, la separaci�n entre la Jefatura del Estado y el Gobierno, ya se trate de una monarqu�a o de una rep�blica. La diferenciaci�n de funciones entre uno y otro �rgano es clara: a la Jefatura del Estado le corresponde ostentar la suprema representaci�n del aparato institucional y su poder es m�s simb�lico que efectivo (aunque, en la medida en que es elegido, el Jefe del Estado en las rep�blicas parlamentarias conserva alg�n espacio de poder efectivo mayor que en las monarqu�as parlamentarias). Es al Gobierno encabezado por un primer ministro (o un presidente del Gobierno), al que corresponde el llamado cl�sicamente poder ejecutivo y hoy, con m�s propiedad, poder de gobernar, esto es, el poder de direcci�n de la pol�tica.
En la forma presidencialista de gobierno, por el contrario, no hay diferenciaci�n estructural entre Jefatura del Estado y Gobierno, ambos �rganos coinciden y los ministros (o secretarios de Departamento) se configuran como auxiliares del jefe del Estado, al que le est� atribuida no s�lo la funci�n de la representaci�n suprema del aparato institucional, sino tambi�n la funci�n completa de gobernar (esto es, de la direcci�n pol�tica).
Es regla general de los sistemas parlamentarios, no as� de los presidencialistas, la atribuci�n de iniciativa legislativa al Gobierno (adem�s de al Parlamento y, en algunos supuestos, a otros entes p�blicos, generalmente de naturaleza territorial, e incluso a una fracci�n del cuerpo electoral: iniciativa legislativa popular). La atribuci�n de tal iniciativa al Gobierno tiene el car�cter de monopolio cuando se trata de los presupuestos del Estado y de los tratados internacionales.
Desde la ca�da de la tiran�a de Hippias y las reformas constitucionales de Klistenes, a finales del siglo -VI, hasta la conquista de Atenas por los macedonios, a finales del siglo -IV, Atenas vivi� dos siglos de democracia, brevemente interrumpida durante la guerra del Peloponeso. Las reformas pol�ticas de Klistenes hab�an acabado con la preponderancia pol�tica de la aristocracia, limitando su influencia al Are�pago, especie de tribunal constitucional encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes y de vigilar su aplicaci�n por los magistrados. El principal exponente de la democracia ateniense fue Pericles, el cual desde el -461 hasta su muerte en el -429 domin� la pol�tica ateniense. Este per�odo representa el punto culminante del Imperio Ateniense, de la democracia ateniense y del esplendor art�stico y cultural de Atenas.
Pericles llev� a t�rmino las reformas pol�ticas iniciadas por Efialtes. La m�s importante de ellas consisti� en la introducci�n de las dietas para los ciudadanos que ocuparan cargos p�blicos o a los que tocase ser magistrados, jurados o miembros de la boule, de tal modo que los pobres no dejasen de participar en la vida pol�tica activa por falta de dinero.
"Democracia" significa gobierno del pueblo. Y en Atenas esto se tomaba al pie de la letra. La facultad popular de gobierno no se delegaba en unos representantes elegidos ni se confiaba a una burocracia profesional. Era el pueblo entero el que, directamente, ejerc�a el poder y gobernaba. Y la principal instituci�n del estado era la asamblea popular, integrada por el pueblo entero. La asamblea no era la representaci�n del pueblo, sino el pueblo mismo. La democracia ateniense era una democracia asamblearia directa. La asamblea era soberana, su poder era total y absoluto, no sometido a ning�n tipo de limitaci�n. Cada reuni�n de la asamblea era un mitin y el que mejor hablaba o m�s divert�a o impresionaba a la audiencia, el que lograba apasionarla o llev�rsela de calle, dominaba la situaci�n pol�tica. Sin embargo, esta democracia era un tanto distinta de lo que hoy entendemos por tal. En efecto, de los quinientos mil habitantes que lleg� a tener Atenas en el siglo -V, aproximadamente trescientos mil eran esclavos, que no pose�an ning�n derecho, y cincuenta mil metecos, extranjeros, que carec�an de derechos civiles. Si del resto no tenemos en cuenta a las mujeres, que no eran consideradas como ciudadanos, ni a los ni�os, que tampoco lo eran de hecho, resulta que el n�mero de "aut�nticos ciudadanos" era de cincuenta mil, es decir, s�lo de alrededor de un diez por ciento de la poblaci�n.
Por otra parte, y aunque la palabra democracia parezca indicar lo contrario, sigui� siendo la nobleza, o por lo menos su esp�ritu, la que gobern� Atenas durante este siglo:
Atenas era gobernada en nombre de los ciudadanos, pero por el esp�ritu de la nobleza. Las victorias y las conquistas pol�ticas de la democracia fueron logradas en su mayor parte por hombres de origen aristocr�tico: Milc�ades, Tem�stocles, Pericles, son hijos de familias de la vieja nobleza. S�lo en el �ltimo cuarto de siglo logran los miembros de la clase media intervenir verdaderamente en la direcci�n de los asuntos p�blicos; mas la aristocracia sigue conservando a�n el predominio en el Estado. Desde luego, tiene que enmascarar su predominio y hacer concesiones a la burgues�a, aunque �stas, por lo general, s�lo sean de forma [...] En lugar de la aristocracia de nacimiento, aparece una aristocracia del dinero, y el Estado nobiliario, organizado seg�n el criterio de estirpes es sustituido por un Estado plutocr�tico fundamentado sobre las rentas (Hauser, A., Historia social de la literatura y el arte)
�C�mo fue posible el nacimiento de la democracia? El d�mos(el pueblo) constitu�a esa capa "popular" de la sociedad griega que rodeaba el palacio del se�or (anax) y al que serv�a, cosechando su trigo o fabric�ndole utensilios. Pero hay un momento en que el se�or tiene que servirse del pueblo para la guerra. Ante la amenaza persa ya no vale el enfrentamiento "individual" o el combate de los h�roes que narran los versos de la Il�ada. Contra el poder�o del ej�rcito persa, los griegos tienen que agruparse y el d�mos es la fuerza fundamental de esta uni�n. Ello implica una cierta independencia frente a los mandatos del poder "aristocr�tico", que antes lo condicionaban, y una reivindicaci�n de dos instrumentos esenciales de las nuevas formas de cohesi�n social: la isonom�a(igualdad ante la ley) y, sobre todo, la isegor�a (igualdad ante la palabra, o derecho a la palabra, al uso p�blico de la palabra.
La palabra "democracia" designa, en principio, el gobierno del pueblo. Pero, al oponerla continuamente los pol�ticos a los t�rminos "tiran�a" (o monarqu�a) y "oligarqu�a", fue definida en Grecia m�s en relaci�n a �stos que a s� misma. Los dem�cratas se refieren, en primer t�rmino, a la igualdad pol�tica. Un Estado democr�tico es aquel donde la ley es la misma para todos (isonom�a) y donde es igual tambi�n la participaci�n en los negocios p�blicos (isegor�a) y en el poder (isocratia).
La democracia es, en Grecia, gobierno del pueblo. La soberan�a reside por partes iguales en el conjunto del cuerpo c�vico, y cada cual est� obligado a ejercitar esa soberan�a. Ser ciudadano es ya una funci�n. El ideal de la �poca de Pericles consiste en ser un hombre comprometido ante todo en los negocios de la Ciudad, bien para mandar, bien para obedecer.
Pues somos los �nicos que consideramos no hombre pac�fico, sino in�til, al que nada participa en ella (la cosa p�blica) (Oraci�n f�nebre)
Esta soberan�a no tiene l�mites: la asamblea del pueblo, y s�lo ella, es omnipotente; el poder judicial est� en sus manos; ning�n cuerpo intermedio equilibra su poder.
Otra caracter�stica de la democracia griega es la libertad. La libertad es lo que distingue a un griego de un b�rbaro. Para un griego ser libre es no ser esclavo, de quien quiera que sea o de la forma que sea. La libertad es un estatuto de doble aspecto: por una parte, independencia respecto a toda sujeci�n personal; por otra, obediencia a las disposiciones generales. La Ciudad, al constituirse, ejerci� una acci�n liberadora, libertando al ciudadano de la sujeci�n a personas, grupos o derechos particulares en que se encontraba. Paralelamente, sin embargo, le exigi� que le transfiriera el conjunto de sus anteriores renuncias. La noci�n griega de libertad tiene esta ambivalencia: libertad mediante la ley, pero sujeci�n a la ley. La definici�n de libertad en la Grecia democr�tica fue enunciada por Pericles as�: �o tomando mal al pr�jimo que obre seg�n su gusto�.
Plat�n fue, entre otras cosas, un enemigo radical de la democracia. La democracia, seg�n �l, es el reino de los sofistas, que, en lugar de ilustrar al pueblo, se contentan con estudiar su comportamiento y con erigir en valores morales sus apetitos:
Que cada uno de los particulares asalariados a los que esos llaman sofistas [...] no ense�a otra cosa sino los mismos principios que el vulgo expresa en sus reuniones, y esto es a lo que llaman ciencia. Es lo mismo que si el guardi�n de una criatura grande y poderosa se aprendiera bien sus instintos y humores y supiera por d�nde hay que acerc�rsele y por d�nde tocarlo y cu�ndo est� m�s fiero o m�s manso, y por qu� causas y en qu� ocasiones suele emitir tal o cual voz y cu�les son, en cambio, las que le apaciguan o irritan cuando las oye a otro; y, una vez enterado de todo ello por la experiencia de una larga familiaridad, considerase esto como una ciencia, y, habiendo compuesto una especie de sistema, se dedicara a la ense�anza ignorando qu� hay realmente en esas tendencias y apetitos de hermoso o de feo, de bueno o de malo, de justo o de injusto, y emplease todos estos t�rminos con arreglo al criterio de la gran bestia, llamando bueno a aquello con que ella goza, y malo lo que a ella molesta (Rep�blica, VI, 493 a-c)
La pol�tica de estos demagogos no es m�s que el registro, el reflejo de las pasiones de la masa.
El objetivo de Plat�n es constituir en ciencia la moral y la pol�tica, las cuales coinciden en su motor com�n: el Bien, que no es diferente de la Verdad; tambi�n pretende sustraer la pol�tica al empirismo para vincularla a valores eternos que las fluctuaciones del devenir no perturben. El objetivo de Plat�n es salvar a la pol�tica del relativismo. La ciencia pol�tica debe volver a encontrar las leyes ideales. Por consiguiente, forma unidad con la filosof�a; la pol�tica no ser� ciencia m�s que cuando los reyes sean fil�sofos.
Se trata de definir las condiciones en que un r�gimen es perfecto e indestructible. De esta forma, el problema central de la Rep�blicaes la Justicia, individual o colectiva. La pol�tica se mide en relaci�n con la idea de Justicia, que no es sino la Verdad o el Bien aplicados al comportamiento social.
Para el resto de Plat�n, ver el tema correspondiente.
Para Arist�teles, el hombre es un animal pol�tico; se distingue de los dem�s por su pertenencia a una p�lis. �sta, fruto de la civilizaci�n, es el t�rmino de un desarrollo de las asociaciones humanas cuyos estadios han sido: la familia, la tribu, la aldea, la ciudad. La Ciudad es, seg�n �l, la Constituci�n. La Constituci�n crea el Estado, hasta el punto de que, si la Constituci�n cambia, cabe preguntar si se trata del mismo Estado.
Arist�teles es el defensor de la Ciudad a doble t�tulo. En primer lugar, la defiende en el plano filos�fico como una forma natural de la vida humana, frente a los pensadores c�nicos del siglo IV, que ve�an en la vida pol�tica un obst�culo para la "vida natural". En segundo lugar, aunque sabe que es s�lo un modo, entre otro, de vida social, tiende a subrayar el valor particular de este sistema pol�tico; m�s a�n: precisa las dimensiones de la Ciudad ideal, que no debe ser demasiado vasta.
Arist�teles distingue tres tipos de constituciones, seg�n el n�mero de gobernantes -mon�rquica, aristocr�tica y timocr�tica (democracia censitaria)-, teniendo cada una de ellas una forma corrompida: tir�nica, olig�rquica y democr�tica. En las buenas constituciones el gobierno se ejerce en beneficio de los gobernados; en las malas, en beneficio de los gobernantes.
Arist�teles desea hacer prevalecer una constituci�n basada en la "clase media", pues esta es la clase que asegura la estabilidad del Estado, permanece fiel a las leyes y desconf�a de los arrebatos pasionales. No trabaja en su solo inter�s, sino en el de todos los gobernados. Por consiguiente, es la clase predispuesta por excelencia para administrar los negocios p�blicos.
Su constituci�n intenta armonizar el principio democr�tico y el principio aristocr�tico. Arist�teles cree en el valor de la mayor�a:
Pues los muchos, cada uno de los cuales es en s� un hombre mediocre, pueden sin embargo, reunirse, ser mejores que aquellos; no individualmente, sino en conjunto; igual que, por ejemplo, los banquetes colectivos son mejores que los costeados a expensas de uno solo (Pol�tica, 1281)
Pero reserva las funciones para la virtud, defendiendo la doctrina de la igualdad proporcional al m�rito frente a la igualdad aritm�tica.
La teolog�a pol�tica de San Agust�n descansa fundamentalmente sobre la distinci�n entre las dos ciudades en las que se divide la humanidad:
As� que, dos amores fundaron dos ciudades, es a saber: la terrena el amor propio hasta llegar a menospreciar a Dios, y la celestial el amor por Dios hasta llegar al desprecio de s� propio (La ciudad de Dios, XIV, 28)
No se trata ya un reino de Dios que suceda a la vida terrena. Las dos ciudades han existido siempre, una al lado de otra, desde el origen de los tiempos. Una fue fundada por Ca�n y la otra por Abel. Una es la ciudad terrena, con sus poderes pol�ticos, su moral, su historia y sus exigencias; la otra, la ciudad celestial, que antes del advenimiento de Cristo estaba simbolizada por Jerusal�n, es ahora la comunidad de los cristianos que participan en el ideal divino. La ciudad de Dios se halla en la tierra en peregrinaje o en exilio, como los jud�os estaban en Babilonia; las dos ciudades permanecer�n una junto a otra, hasta el fin de los tiempos, pero despu�s �nicamente subsistir� la ciudad celestial para participar en la eternidad de los santos.
S�lo Dios puede reconocer la ciudad a la que cada cual puede pertenecer en realidad, ya que la mirada del hombre no basta para discernirlo.
En Tom�s ocupa un importante lugar la noci�n de un Estado orientado hacia la realizaci�n del bien com�n. Si bien tanto el poder espiritual como el poder secular provienen del poder divino, �ste s�lo est� sometido a aqu�l
En la medida en que Dios lo ha sometido, es decir, para lo que se relaciona con la salvaci�n del alma; y esto porque en estas materias hay que obedecer antes al poder espiritual que al poder secular. Pero en las materias que se relacionan con el bien de la Ciudad hay que obedecer antes al poder secular que al poder espiritual, seg�n la frase de San Mateo: Dad al C�sar lo que es del C�sar [...] A menos, sin embargo, que el poder secular no se encuentre aliado con el poder espiritual, como en el Papa, que ocupa la cumbre de uno y otro poder, es decir, del secular y del espiritual, como lo dispuso quien es sacerdote y rey: sacerdote para la eternidad, seg�n la orden de Melquisedec, rey de los reyes y se�or de los se�ores, a quien su poder no ser� quitado y cuyo reino no ser� destruido en los siglos de los siglos. Am�n (De regimine principum)
Tom�s distingue tres tipos de leyes: la lex aeterna, la lex naturalis y la lex humana. Y por encima de �stas coloca lalex divina, la ley revelada por Dios. La lex aeterna es el plan racional de Dios, el orden de todo el universo a trav�s del cual la sabidur�a divina dirige todas las cosas hacia su fin. Es el plan de la Providencia, que �nicamente conocen Dios y los bienaventurados. Sin embargo, el hombre como naturaleza racional es part�cipe de una parte de esta ley eterna. Tal participatio legis aeternae in rationali creatura se llama ley natural. Los hombres, en la medida en que son seres racionales, conocen la ley natural, cuyo n�cleo esencial reside en la norma que prescribe "hay que hacer el bien y evitar el mal".
La lex humana consiste en la ley jur�dica, el derecho positivo, la ley puesta por el hombre. Y los hombres, que son sociables por naturaleza, promulgan leyes jur�dicas para persuadir a los individuos de que cometan el mal. La ley humana es el orden promulgado por la colectividad o por quien se halla a cargo de la comunidad con vistas al bien com�n.
La ley humana procede de la ley natural de dos maneras distintas: por deducci�n, o bien por especificaci�n de normas m�s generales. En el primer caso, est� el derecho de gentes, y en el segundo, el derecho civil. Del derecho de gentes forma parte la prohibici�n del homicidio, pero el tipo de pena que hay que imponer al homicida forma parte del derecho civil, consiste en una aplicaci�n hist�rica y social de una ley natural especificada y fijada a trav�s del derecho de gentes. Al derivarse l�gicamente de la ley natural, los preceptos del derecho de gentes pueden ser conocidos sin necesidad de efectuar una investigaci�n hist�rica sobre los diversos tipos de sociedad, cosa que no se aplica a los preceptos del derecho civil. Si los preceptos de la ley humana o positiva se derivan de la ley natural, son conocidos por la raz�n y est�n presentes en el conocimiento.
Si para la ley humana es esencial su derivaci�n de la ley natural, entonces se hace evidente que, siempre que la ley humana contradiga a la ley natural, deja de existir como ley. �sta es la raz�n por la que la ley debe ser justa. Si una ley positiva estuviese en desacuerdo con la ley natural, entonces "ya no ser�a una ley, sino una corrupci�n de la ley". La ley debe ser justa. La justicia es la disposici�n del �nimo en la cual, con constante y perpetua voluntad, se atribuye a cada uno su derecho. La justicia se divide en conmutativa (la que se da en los intercambios entre dos personas) y distributiva (la que hace que, en la comunidad, se distribuya de una manera proporcional a los individuos aquello que les es com�n a todos).
Para Marsilio de Padua �la ley es la expresi�n de la justicia y del bien que conviene a la vida de la Ciudad�. Si la ley s�lo rige por la sanci�n que necesariamente le acompa�a, �el legislador s�lo puede ser el pueblo, es decir, la universalidad de los ciudadanos o la mayor�a de �stos que expresan su decisi�n o su voluntad en el seno de la asamblea general de los ciudadanos�.
La organizaci�n contempor�nea de la Iglesia no es de instituci�n divina: es el resultado de un cercenamiento abusivo de las prerrogativas de los fieles, de los laicos, que constituyen la Iglesia, esposa de cristo, con igual derecho que los cl�rigos:
Todos los fieles de Cristo son la Iglesia, tanto los sacerdotes como los laicos, ya que a todos redimi� Cristo con su sangre [...] Cristo no derram� su sangre tan s�lo por los ap�stoles [...] Y, en consecuencia, cuando se habla de la esposa de Cristo, no nos referimos �nicamente a sus sucesores: ministros, obispos, sacerdotes o di�conos (Defensor pacis)
No hay poder espiritual fuera de los laicos. En consecuencia, no se trata ya de que la autoridad deba ser ejercida por los fieles, sino de que toda autoridad es imposible sin la Iglesia. La autoridad es patrimonio exclusivo del Estado, pues s�lo �l puede disponer de la sanci�n. Por consiguiente, no hay motivo para distinguir lo espiritual de lo temporal: no existe sociedad espec�ficamente espiritual. El Estado debe proveer a las necesidades espirituales de sus miembros. Esta negaci�n de la Iglesia lleva consigo la universalidad total del Estado. �En todo lugar dentro del territorio sometido a su jurisdicci�n donde encuentra materia para ejercitarse, el poder del pr�ncipe no debe sufrir el menor obst�culo�.
Ockham, por su parte, no se propone disolver la Iglesia en el Estado, sino disociar dos campos y reformar la Iglesia. Trata de delimitar las zonas de acci�n jur�dica de ambas sociedades. Evidentemente, s�lo puede hacerlo oponi�ndose a las usurpaciones del Papa:
La autoridad del Papa no se extiende, seg�n la norma, a los derechos y libertades de los dem�s -sobre todo a los de los emperadores, reyes, pr�ncipes y dem�s laicos- para suprimirlos o perturbarlos, ya que los derechos y libertades de este g�nero pertenecen al n�mero de cosas del siglo, no teniendo el Papa autoridad sobre ellas [...] Por esta raz�n, el Papa no puede privar a nadie de un derecho que no proviene de �l, sino de Dios, de la naturaleza o de otro hombre; no puede privar a los hombres de las libertades que les han sido concedidas por Dios o por la naturaleza (Dialogus)
�Cu�les son los poderes del Papa? El Papa recibir�a de Cristo, en lo espiritual y en lo temporal, un poder moderado, suficiente para permitirle gobernar sabiamente la comunidad de los fieles, pero lo bastante restringido como para evitar el peligro de la tiran�a, respetuoso con la libertad que el derecho natural, el derecho de gentes y las leyes civiles conceden a los cristianos. De esta forma, el Papa tiene toda la autoridad sobre las instituciones que encuentran su fundamento en el Evangelio: administraci�n de los sacramentos, ordenaci�n de los sacerdotes, formaci�n del clero, etc. Pero no le corresponde imponer la obediencia de todo aquello que la ley evang�lica no prescribe, content�ndose con aconsejarlo; si de todas formas lo hiciera, fuera del caso de necesidad, su orden quedar�a sin efecto y no habr�a que tomar en cuenta las censuras que la reforzar�an. Cristo no le confiri� tales poderes, cuyo uso acarrear�a f�cilmente graves perjuicios para la comunidad.
La pol�tica, en el moderno sentido de la palabra, se inicia con Maquiavelo; en �l, la investigaci�n pol�tica tiende a separarse del pensamiento especulativo, religioso y �tico, asumiendo como canon metodol�gico el principio de la especificidad de su objeto propio, que hay que estudiar, aut�nomamente, sin verse condicionado por los principios aplicables a otros �mbitos. La posici�n de Maquiavelo puede resumirse mediante la f�rmula "la pol�tica por la pol�tica".
Maquiavelo es, en pol�tica, un pensador realista; es preciso atenerse a la verdad efectiva de la cosa y no perderse en investigar c�mo deber�a ser la cosa.
Muchos se han imaginado rep�blicas y principados que jam�s se han visto ni se han conocido en la realidad; porque hay tanta separaci�n entre c�mo se vive y c�mo se deber�a vivir, que aquel que abandona aquello que se hace por aquello que se deber�a hacer, aprende antes su ruina que no su conservaci�n: un hombre que quiera hacer profesi�n de bueno en todas partes es preciso que se arruine entre tantos que no son buenos. Por lo cual, se hace necesario que un pr�ncipe, si se quiere mantener, aprenda a poder no ser bueno, y a utilizarlo o no seg�n sus necesidades (El pr�ncipe)
El soberano puede hallarse en condiciones de tener que aplicar m�todos extremadamente crueles e inhumanos; cuando a los males extremos es necesario aplicar remedos extremos, debe adoptar tales remedios y evitar en todos los casos el camino intermedio, que es la v�a del compromiso que no sirve para nada, ya que �nicamente y siempre causa un perjuicio extremo.
Todo el que se convierta en un pr�ncipe de una ciudad o de un Estado, y tanto m�s cuando sus fundamentos sean d�biles, y no se quiera conceder una vida civil en forma de reino o de rep�blica, el mejor m�todo que tiene para conservar ese principado consiste en, siendo �l un nuevo pr�ncipe, hacer nuevas todas las cosas de dicho Estado; por ejemplo, en las ciudades colocar nuevos gobiernos con nuevos nombres, con nuevas atribuciones, con nuevos hombres; convertir a los ricos en pobres, y a los pobres en ricos [...] edificar nuevas ciudades, deshacer las que ya est�n construidas, cambiar a los habitantes de un lugar traslad�ndolos a otro; en suma, no dejar cosa intacta en aquella provincia, y que no haya quien detente un grado, o un privilegio, o un nivel o una riqueza, que no los reconozca como algo procedente de ti [...] Estos modos de actuar son muy crueles y opuestos a toda vida no s�lo cristiana, sino tambi�n humana; un hombre debe huir de ellos y preferir la vida privada, antes que ser rey con tanta ruina de los dem�s hombres. No obstante, aquel que no se decida por el primer camino, el del bien, cuando se quiera mantener es preciso que entre por este otro, el del mal. Los hombres, empero, toman ciertos caminos intermedios que son muy da�osos; porque no resultan ni del todo malos ni del todo buenos (Discursos sobre la primera d�cada de Tito Livio)
El objetivo primero del pr�ncipe es mantenerse y, con �l, mantener el Estado; para ello debe, entre otras cosas, manejar a la opini�n p�blica, la cual es manejable, sensible y f�cil de enga�ar. Por tanto, la hipocres�a se convierte para el pr�ncipe en un deber. Si logra conservar su vida y su Estado, "todos los medios que haya aplicado ser�n juzgados honorables". La misma regla se aplica a sus relaciones con el extranjero.
Seg�n Maquiavelo el hombre no es por s� mismo ni bueno ni malo, pero en la pr�ctica tiende a ser malo. Por consiguiente, el pol�tico no puede tener confianza en los aspectos positivos del hombre, sino que, por lo contrario, debe tener en cuenta sus aspectos negativos y proceder en consecuencia. Por lo tanto no vacilar� en mostrarse temible y en tomar las oportunas medidas para convertirse en temido.
Para que exista el Estado, es necesario que haya una soberan�a fuerte, que mantenga unidos a los diversos miembros de la sociedad, lig�ndolos entre s� como si fuesen un cuerpo. Esta soberan�a s�lida se consigue instaurando la justicia y apelando a la raz�n y a las leyes naturales.
Se entiende por "Estado" el gobierno justo, que se ejerce con un poder soberano sobre diversas familias, y en todo aquello que �stas tienen de com�n entre s� [...] Al igual que la nave no es m�s que un madero informe, si le quitan el armaz�n que sostiene sus lados, la proa, la popa y el tim�n, del mismo modo el Estado deja de ser tal si no tiene aquel poder soberano que conserva unidos todos sus miembros y sus partes, que convierte en un solo cuerpo a todas las familias y a todas las operaciones. Para continuar con la semejanza, al igual que pueden mutilarse diversas partes de una nave o puede ser quemada del todo, tambi�n un pueblo puede verse dispersado por diferentes lugares y ser totalmente destruido, aunque permanezca intacta su sede territorial. En efecto, no es �sta, ni tampoco la poblaci�n, las que forman el Estado, sino la uni�n de un pueblo bajo un solo se�or�o soberano [...] En conclusi�n, la soberan�a es el verdadero fundamento, el quicio en el que se apoya toda la estructura del Estado y del cual dependen todas las magistraturas, las leyes y las ordenanzas; ella es el �nico lazo y el �nico v�nculo que convierte a familias, cuerpos, gremios e individuos en un solo cuerpo perfecto, que es precisamente el Estado (Seis libros sobre la Rep�blica)
Bodin entiende por "soberan�a" el poder absoluto y perpetuo que es propio de todos los tipos de Estado. Esta soberan�a se manifiesta al imponer leyes a sus s�bditos, sin que �stos presten su consentimiento. Los l�mites de este absolutismo son: las normas �ticas (la justicia), las leyes de la naturaleza y las leyes divinas; estas limitaciones constituyen su fuerza. La soberan�a que no respetase estas leyes no ser�a una soberan�a, sino una tiran�a.
La teor�a de Hobbes parte de dos supuestos fundamentales: 1) aunque todos los bienes sean relativos, existe entre ellos un bien primero y originario, que es la vida y su conservaci�n (por lo tanto, hay asimismo un primer mal, la muerte); 2) no hay una justicia y una injusticia naturales, puesto que no hay "valores" absolutos: �stos no son otra cosa que el fruto de convenciones establecidas por nosotros mismos, cognoscibles de manera perfecta y a priori, junto con todo lo que surge de ellas. Ego�smo y convencionalismo son, por lo tanto, los dos quicios de la ciencia pol�tica que, seg�n Hobbes, podr� desplegarse en cuanto sistema deductivo perfecto, al igual que el de la geometr�a euclidiana.
En la teor�a de Hobbes hay una inversi�n radical de la postura aristot�lica cl�sica. Para Arist�teles el hombre es un animal pol�tico, constituido de un modo tal que por su misma naturaleza est� hecho para vivir junto con los dem�s en una sociedad pol�ticamente estructurada. Adem�s, Arist�teles asimilaba el hecho de que el hombre fuese animal pol�tico con el estado propio de otros animales tambi�n, por ejemplos las abejas y las hormigas, que al desear (y huir de) cosas semejantes y dirigiendo sus acciones hacia fines compartidos, forman agregados de forma espont�nea. Para Hobbes, por el contrario, cada hombre es distinto de los dem�s y, en consecuencia, est� separado de ellos (es un �tomo de ego�smo). Por lo tanto, cada hombre no se halla en absoluto ligado con los dem�s hombres por un consenso espont�neo como el de los animales, que se basa en un apetito natural. En efecto:
El Estado, pues, no es algo natural, sino artificial. Los hombres se hallan en una condici�n de guerra de todos contra todos. Cada uno tiende a apropiarse de todo lo que le sirve para su propia supervivencia y conservaci�n. Como todos tienen derecho sobre todo y la naturaleza no ha colocado ning�n l�mite, de aqu� surge el inevitable predominio de unos sobre otros.
Ciertamente, se afirma con verdad que el hombre es un dios para el hombre y que el hombre es un lobo para el hombre. Aquello, si comparamos entre s� a los conciudadanos, esto, si comparamos entre s� a los Estados. En el primer caso, llega a asemejarse a Dios por la justicia y la caridad, las virtudes de la paz. En el segundo, debido a la perversidad de los malvados, tambi�n los buenos han de recurrir -si quieren defenderse- a la fuerza y al enga�o, las virtudes de la guerra, esto es, a la ferocidad de las bestias salvajes. Y aunque los hombres se reprochen mutuamente tal ferocidad, porque debido a una costumbre innata consideran que las propias acciones, en los dem�s, se hallan reflejadas como en un espejo, cambiando la izquierda por la derecha y la derecha por la izquierda; sin embargo, no puede ser un vicio aquello que constituye un derecho natural, derivado de la necesidad de la propia conservaci�n
En estas circunstancias, el hombre se arriesga a perder el bien primario, la vida, al hallarse expuesto en todo momento al peligro de una muerte violenta. Adem�s, tampoco puede dedicarse a ninguna actividad industrial ni comercial, ya que sus frutos resultar�an siempre inseguros. No puede cultivar las artes ni dedicarse a ninguna otra actividad placentera. En suma: cada hombre permanece solitario, en su miedo a perder de manera violenta su vida, en cualquier momento. El hombre puede superar tal situaci�n gracias a dos elementos b�sicos: a) determinados instintos (el deseo de evitar la guerra continua, para salvar la vida, y la necesidad de procurarse lo necesario para la subsistencia) y b) la raz�n. Nacen as� las leyes de la naturaleza:
Una ley de la naturaleza es un precepto o una regla general descubierta por la raz�n, que proh�be al hombre hacer aquello que resulte lesivo para su vida o que le quite los medios para preservarla, y omitir aquello que le sirva para conservarla mejor
De estas tres leyes, de las que Hobbes enumera diecinueve, destacan tres:
Ahora bien, los pactos, sin la espada que imponga que se respeten, no sirven para lograr el objetivo deseado. Por consiguiente, seg�n Hobbes, es preciso que todos los hombres encarguen a un �nico hombre (o a una asamblea) su representaci�n.
El pacto social no lo establecen los s�bditos con su soberano, sino los s�bditos entre s�. El soberano permanece fuera del pacto, es el �nico depositario de las renuncias a los derechos que pose�an antes los s�bditos y, por lo tanto, el �nico que conserva todos los derechos originarios. Si tambi�n el soberano entrase en el pacto, no podr�an eliminarse las guerras civiles, ya que muy pronto aparecer�an diferentes enfrentamientos en la gesti�n del poder. El poder del soberano (o de la asamblea) es indivisible y absoluto. Puesto que el soberano no entra en el juego de los pactos, una vez que ha recibido en sus manos todos los derechos de los ciudadanos, los detenta de manera irrevocable.
La universalidad de la moral lleva consigo la igualdad de todos los individuos en tanto que sujetos morales. La autonom�a de cada uno de �stos implica su dignidad. Dignos en cuanto personas racionales, estos sujetos merecen la libertad pol�tica. El mundo moral est� dominado por el reino de los fines. En consecuencia, este mundo s�lo puede ser regido por un estado de derecho, en el que la pol�tica debe encontrarse en una absoluta subordinaci�n respecto a la moral, cuyo car�cter es absoluto y r�gido.
Kant define derecho como �el conjunto de condiciones por las que el libre arbitrio de uno puede concordarse con el de los dem�s seg�n una ley general de libertad�. Los derechos del hombre son: 1) la libertad como hombre; 2) la igualdad como sujeto ante una misma ley moral; 3) el derecho a ser ciudadano, es decir, el derecho de todos los que no se encuentran en un estatuto de dependencia a disfrutar de un estado de igual fraternidad ante una ley com�n.
La defensa y el respeto por estos derechos inalienables son el fundamento de todo orden pol�tico leg�timo. El fin de toda pol�tica es esta defensa, y no la felicidad y la satisfacci�n de los ciudadanos. La �nica forma pol�tica que responde a este fin es la forma republicana, que implica, como �nicos mecanismos concretos, el sistema representativo y la separaci�n de poderes.
La equivocaci�n de Kant y de los fil�sofos liberales es, a juicio de Hegel, haber considerado la libre voluntad del sujeto pensante s�lo in abstracto. Para Hegel, esa voluntad libre en s�, es lo arbitrario. La voluntad libre s�lo puede satisfacerse comprendiendo que no es una pura negatividad; que busca y ha buscado siempre la libertad en una organizaci�n racional y universal de la misma. Por consiguiente, la pol�tica es la ciencia de la realizaci�n hist�rica de la libertad en sus encarnaciones sucesivas y progresivas, a trav�s de mediaciones concretas. El hombre que quiere actuar en el mundo no puede basarse exclusivamente en la convicci�n espont�nea de su conciencia moral individual. Por una parte, ha de someterse a las leyes del mundo objetivo que existe fuera de �l; por otra, en tanto que ser racional, est� llamado a sobrepasar su particularidad para acceder a la consideraci�n de lo universal.
La "libertad concreta" postula la conciliaci�n de dos tendencias de las personas individuales: 1) la persona individual, inmersa en sus intereses particulares, encuentra o desea encontrar su desarrollo total en las esferas "privadas" constituidas por la familia y por la sociedad civil; 2) pero esta misma persona individual reconoce, gracias a su raz�n, que debe sobrepasar su particularidad y que no puede realizarla finalmente m�s que en el inter�s universal. De la tensi�n entre estas dos exigencias dimana 3) que lo universal no podr�a tener valor y no podr�a ser realizado sin que lo individual reciba tambi�n satisfacci�n; 4) que lo universal no podr�a ser alcanzado por la simple yuxtaposici�n y coexistencia de voluntades subjetivas y de intereses particulares. El instrumento de la conciliaci�n entre lo particular y lo universal es el Estado.
La antinomia entre la libertad interior del sujeto y el orden objetivo de la comunidad organizada no exist�a en la "bella vida p�blica" de la antig�edad griega. El individuo no hab�a adquirido a�n su libertad interior y no se pensaba a s� mismo como absoluto. La conciliaci�n de lo "privado" y de lo "p�blico" era inmediata; el individuo no ten�a m�s que una voluntad general.
El mundo moderno ya nunca ser� as�. Como consecuencia del cristianismo, la religi�n no es ya la religi�n de un pueblo particular, sino la religi�n del esp�ritu universal; la riqueza de las ciudades ha dado cuerpo a una sociedad civil que separa fuertemente al individuo de la comunidad. En adelante existe una oposici�n entre el individuo y la colectividad organizada, que se muestra al individuo como poder exterior y fuerza constrictora.
Pero esta oposici�n es un momento que debe ser superado mediante un artificio o "astucia". El Estado moderno es quien pone en pr�ctica esa astucia. El Estado usa de esa astucia en la medida en que se sirve de la libertad "privada" dejada a los hombres, para conducirles a reconocer el car�cter superior de su poder y el car�cter razonable de su ley. El Estado es, pues, esa mediaci�n que transforma la "cultura" del vulgus(simple agregado de personas privadas) para conducirlo a pensarse como populus, es decir, como una verdadera comunidad libre de hombres que han comprendido que el Estado, manteni�ndose por encima de los intereses privados, encarna ese universal al cual ellos mismos se han elevado.
Por consiguiente, s�lo existe libertad en el Estado si: 1) el ciudadano razonable puede encontrar ah� la satisfacci�n de los deseos y de los intereses razonables que, en tanto que ser pensante, puede justificar ante s� mismo; 2) las leyes del Estado pueden ser reconocidas como justas por quienes han renunciado a vivir seg�n su instinto natural inmediato y han comprendido que el hombre natural no es realmente libre, y que s�lo el ser razonable y universal puede serlo.
La constituci�n del Estado que es una organizaci�n racional de la libertad se ordena de tal forma que en ella se encuentra tres poderes: los Estados, que detentan el poder legislativo; los funcionarios, que ejercen el poder administrativo; el pr�ncipe, que tiene el poder de poner fin a las deliberaciones, decidiendo.
Toda la obra de Tocqueville es una meditaci�n sobre la libertad, �una libertad moderada, regular, contenida por las creencias, las costumbres y las leyes�. �C�mo proteger esta libertad? Tocqueville no cree en los cuerpos intermedios. En cuanto a la organizaci�n de los poderes, es partidario de un sistema bicameral y se muestra hostil al sistema presidencial, pero su confianza en las instituciones pol�ticas para garantizar la libertad es una confianza limitada.
Tocqueville preconiza tres remedios contra el individualismo, �destructor de las sociedades�:
1. La descentralizaci�n administrativa, las libertades locales y provinciales. �El esp�ritu comunal es un gran elemento de orden y de tranquilidad p�blica�.
2. La creaci�n de asociaciones de todo tipo que ayuden a formar un sustituto de la aristocracia: �No se puede fundar en el mundo de nuevo una aristocracia, pero nada impide constituirla mediante asociaciones de simples ciudadanos, de seres muy opulentos, muy influyentes, muy fuertes; en una palabra, de personas aristocr�ticas�.
3. Por �ltimo, y sobre todo, las cualidades morales, el sentido de las responsabilidades, la pasi�n por el bien p�blico.
Ver tema de Marx
Ver tema de Marx
El fascismo propugna la exaltaci�n del Estado, instrumento de los fuertes y garant�a de los d�biles. El Estado es todo, es omnipotente. Los individuos est�n totalmente subordinados al Estado: todo para el Estado, todo por el Estado, nada contra el Estado.
El Estado es un todo, un bloque. El Estado totalitario no tolera la separaci�n de poderes. Totalitarismo pol�tico: es aniquilada toda oposici�n. Totalitarismo intelectual: verdad de Estado, propaganda, movilizaci�n de la juventud. Dentro del Estado no existe m�s que el Estado. De ah� deriva la f�rmula de Mussolini: �Todo en el Estado, nada fuera del Estado�.
Fascismo y nacionalsocialismo subordinan la econom�a a la pol�tica y afirman la primac�a de lo pol�tico. �El Estado -seg�n Hitler- es un organismo racial y no una organizaci�n econ�mica�. �La econom�a es un asunto secundario; la historia del mundo nos ense�a que ning�n pueblo ha llegado a ser grande por su econom�a�.
Para Mussolini el Estado es �la conciencia misma y la voluntad del pueblo�, �la verdadera realidad del individuo�. Mussolini habla del Estado como de un ser viviente, como de un organismo; sin embargo, el Estado no es s�lo un cuerpo: �es un hecho espiritual y moral�, �la conciencia inmanente de la naci�n�, �tiene una voluntad, y, por esta raz�n, se le denomina Estado �tico�.
Para Mussolini el Estado es una realidad anterior y superior a la naci�n. El Estado es quien crea la naci�n, quien le permite florecer. �No es la naci�n quien ha creado el Estado, como en la vieja concepci�n naturalista que serv�a de base a los estudios de los publicistas de los Estados nacionales del siglo XIX. Por el contrario, la naci�n es creada por el Estado, que da al pueblo, consciente de su propia unidad moral, una voluntad y, por consiguiente, una existencia efectiva�.
El nacionalsocialismo concibe de otra forma las relaciones entre el Estado y la naci�n. El Estado nacionalsocialista no desempe�a m�s que un papel de instrumento, de aparato. La realidad fundamental es el Volk. El pueblo alem�n no es s�lo el conjunto de los alemanes del siglo XX; es una realidad hist�rica y biol�gica, la raza alemana y la historia de Alemania a un tiempo. As�, pues, el Estado nacionalsocialista no es sino un momento del destino alem�n.
Ver El estado de bienestar
Las sociedades m�s primitivas carec�an de un gobierno en el sentido estricto de la palabra. En ellas la jerarqu�a tribal y familiar se confunde con la pol�tica. Las sociedades complejas, en cambio, presentan una estructura pol�tica distinta y diferenciable frente al resto de los sistemas sociales. Partiendo de la base de la naturaleza de la autoridad en cada politeia, Max Weber estableci� una sistematizaci�n interesante de los diversos tipos de gobierno y de la organizaci�n pol�tica correlativa. Seg�n �l, tres son los �tipos puros de la autoridad leg�tima�.
A) Los gobiernos de autoridad carism�tica se basan en la devoci�n a la santidad, hero�smo o car�cter ejemplar, espec�ficos y excepcionales de una persona individual, y al mismo tiempo en el patr�n normativo u orden pol�tico por ella revelado u ordenado. Los gobiernos carism�ticos son t�picos de los movimientos sociales que crean un orden nuevo.
La autoridad carism�tica es relativamente ef�mera. Una vez conseguido el poder, el l�der, y sus compa�eros (rodeados tambi�n de carisma) se encuentran con tareas diferentes de consolidaci�n del poder, control pol�tico de la poblaci�n, administraci�n territorial, institucionalizaci�n de su r�gimen. Surge entonces el proceso de rutinizaci�n del carisma, si bien la permanencia de situaciones cr�ticas puede alargar la vida del per�odo genuinamente carism�tico de la autoridad. La rutinizaci�n conlleva la transfiguraci�n legendaria de la �poca fundacional de la nueva politeia, y su recuerdo mediante fiestas, conmemoraciones y rituales pol�ticos. Este objeto se consigue en cierto grado siempre que la nueva situaci�n posea un sentido para un sector importante de la poblaci�n.
B) Los gobiernos de autoridad tradicional se basan en una creencia establecida sobre la santidad de ciertas instituciones inmemoriales y en la legitimidad del status de quienes las representan. Las monarqu�as son el m�s claro ejemplo. En este caso la estructura pol�tica se justifica seg�n leyes y costumbres hereditarias. Las justificaciones ideol�gicas vienen despu�s, con todo y que son muy importantes para el ejercicio de las facultades legislativas y punitivas del poder tradicional. Los derechos y deberes de obediencia en los reg�menes tradicionales carecen de claridad, pues no est�n siempre codificados; uno sabe �lo que puede hacer� y lo �que no puede hacer� en cada caso gracias a la costumbre y al conocimiento pragm�tico de las fronteras del poder. Adem�s, no puede generalizarse para todas las sociedades la distribuci�n en ellas del poder de autoridad tradicional y sus atribuciones.
El rasgo m�s caracter�stico de los reg�menes de autoridad tradicional es la importancia de la transmisi�n hereditaria del privilegio. En ellos el status es normalmente heredado, y no logrado exclusivamente por m�ritos propios.
C) Los gobiernos de autoridad legal - racional se basan en la creencia en la legalidad de sistemas de normas pol�ticas expl�citas, por ejemplo, en una constituci�n pol�tica y en el derecho de los hombres dotados de autoridad de dar �rdenes dentro de los l�mites marcados por la ley. Estos sistemas responden a una concepci�n racionalista de la pol�tica, y obedecen a la idea de que la ley es la expresi�n de la soberan�a popular. A su vez, �sta es considerada como la �nica fuente de legitimidad. De hecho, es la ley quien es soberana, y no grupos o individuos concretos. Este sistema fue elaborado y descubierto por los griegos y ha sido recogido por los europeos modernos. Es un sistema de garant�as que pide la participaci�n de los ciudadanos (no vasallos) en la creaci�n de la ley y en la vida pol�tica.
Los anteriores son tres tipos ideales de gobierno que en ning�n lugar se encuentran en estado perfecto. As�, los sistemas totalitarios, por ejemplo, pueden intentar revestirse de un caparaz�n legalista y constitucional, al mismo tiempo que incorporan algunas veces elementos puramente carism�ticos, como en la Alemania nazi o la Italia fascista
Para explicar el surgimiento del Estado moderno es preciso tener en cuenta tanto la din�mica pol�tica que pone en cuesti�n las relaciones feudales, como el fracaso sucesivo de las construcciones con ambici�n universal que representan el Papado y el Imperio. Ambas instituciones, entre s� independientes, act�an sobre una sociedad que, despu�s de las grandes migraciones que anteceden y suceden a la ca�da del Imperio romano, ha conseguido estabilizarse tanto territorial como socialmente.
El ordo christianus se levanta sobre la distinci�n de dos sociedades perfectas: una espiritual, la Iglesia, a la cabeza de la cual se halla el Papa, y otra temporal, el Imperio. La primera se basa en la revelaci�n evang�lica, y la segunda, en la tradici�n todav�a no extinta del Imperio romano, que se considera el modelo definitivo de cualquier forma de organizaci�n pol�tica. Ambas tienen su centro en Roma y ambas ponen �nfasis en su universalidad. La distinci�n entre el poder espiritual, Papado, y el poder temporal, Imperio, la diarqu�a ecclesia/imperium, constituye uno de los elementos distintivos de la cultura europea. La distinci�n entre el poder espiritual y el poder temporal posibilita el proceso de secularizaci�n que va a caracterizar a la Europa moderna, del que va a surgir el Estado como uno de sus principales productos.
Desde el siglo XI, la instituci�n real va creando paulatinamente un �mbito propio de autonom�a entre la sociedad feudal y los poderes con vocaci�n universal, la Iglesia y el Imperio. La funci�n espec�fica del rey es mantener la paz por medio de la acci�n de la justicia. El embri�n mon�rquico de lo que luego ser� el Estado consiste en un sistema de deberes y derechos que se vinculan a la persona del rey, la que, en virtud de ellos, queda en relaci�n con el conjunto de sus vasallos, sean cuales fueren la posici�n y el status que ocupen en la sociedad. De un lado, el Rey, y de otro, el conjunto de los vasallos -"del rey abajo, ninguno"-, duplicaci�n que posibilita que, ante el monarca, se perciba a la sociedad como un todo. El Estado, desde su origen, lleva en su seno una capacidad universal de igualaci�n social: todos, sea cual fuere la posici�n y el rango en la sociedad, ante el Estado son iguales.
Cuando los centros decisorios y ejecutivos de un sistema pol�tico asumen todo el poder y no reconocer fuerzas pol�ticas que se les puedan oponer leg�timamente, nos encontramos con una organizaci�n que podemos denominar absolutista, en el sentido de que el n�cleo hegem�nico del poder se atribuye a s� mismo el monopolio absoluto de la autoridad en el �mbito de su dominio. Estos reg�menes concentran el poder en una oligarqu�a, clase dirigente, un monarca o un partido pol�tico �nico. A su vez, este monopolio absoluto del poder se apoya en una concepci�n de �suma cero� del poder, es decir, que cuando un individuo o grupo ajeno a la esfera dirigente adquiere poder, privilegio o status pol�tico, inmediatamente es visto por el dictador, clase en el poder u oligarqu�a como una amenaza que de modo efectivo disminuye su propia autoridad proporcionalmente al que tales grupos o individuos adquieran. En tales casos, aut�cratas y oligarqu�as s�lo piensan en extirpar o reducir a la impotencia a toda oposici�n pol�tica.
Las pol�ticas absolutistas son muy antiguas. Las hay de tipotradicional entre las que cabe incluir los imperios desp�ticos orientales, las tiran�as cl�sicas europeas, desde Grecia hasta el Renacimiento, las monarqu�as desp�ticas y toda clase de dictadura hist�rica. El absolutismo moderno, en cambio, presenta problemas complejos de interpretaci�n. En la sociedad moderna distinguiremos el absolutismo totalitario o totalitarismo del desp�tico, o despotismo moderno.
En los reg�menes totalitarios el dominio absoluto ejerce - o desea ejercer - un control tanto de la sociedad civil como de la vida privada de sus ciudadanos. Los reg�menes totalitarios necesitan realizar una utop�a pol�tica mediante el uso sistem�tico del terror pol�tico, la movilizaci�n de la poblaci�n desde un centro tir�nico, la utilizaci�n sistem�tica de la censura, el uso de un vasto aparato policial pol�tico y de una considerable burocracia centralizada. Por otra parte, el despotismo modernoaspira tambi�n al control de la esfera privada y de las instituciones y grupos aut�nomos, pero no considera siempre necesaria su aniquilaci�n total, aunque siempre los mire con extrema desconfianza.
En todos los casos de despotismo moderno nos encontramos con:
No todos los reg�menes desp�ticos est�n vinculados a una misma clase social o coalici�n de ellas, de modo que un an�lisis adecuado tiene que investigar hasta qu� punto son formas de dictadura de la burgues�a, o instrumentos de la casta militar, o de un aparato de partido, o todas estas cosas a la vez.
En su origen europeo, el Estado absolutista es un ente territorial sometido a la autoridad �nica de un monarca absoluto. Estos Estados son posibles merced a la conjunci�n de una serie de factores materiales y espirituales que permitieron la institucionalizaci�n de esa autoridad �nica: la aparici�n de la imprenta, la recuperaci�n del Derecho romano y el auge de las universidades, posibilitaron la aparici�n de una clase de legistas que, aparte de ser un medio para el ennoblecimiento de las clases bajas, en concreto de la burgues�a, constituy� el reservorio del que se sirvieron los monarcas absolutos para constituir una burocracia a su servicio, la cual, a su vez, ech� los cimientos de una Hacienda P�blica. Las Haciendas P�blicas garantizaron la posibilidad de constituir ej�rcitos permanentes, pues ya no era necesario que �stos vivieran del pillaje sobre el terreno, sino que aquella Hacienda era la fuente de la soldada. La conjunci�n de los ej�rcitos permanentes con la aparici�n de las armas de fuego dio a los monarcas absolutos una superioridad neta sobre la nobleza feudal, de la que se valieron para unificar sus territorios y someterlos a un solo derecho y a una sola justicia (la justicia del Rey frente a la justicia se�orial).
La doctrina econ�mica imperante en el Estado absolutista es el mercantilismo que, si bien parte del principio de que la riqueza de las naciones es equivalente a la cantidad de metales preciosos que �stas puedan acaparar, indirectamente contribuir�a a fomentar en gran medida la actividad comercial que, de acuerdo con la posterior econom�a cl�sica, es la verdadera fuente de la riqueza de las naciones.
En el campo jur�dico-pol�tico, el Estado absolutista es la primera manifestaci�n del territorium clausum, dentro del cual el monarca posee el monopolio de la violencia. Dicho monopolio se pone al servicio del derecho y la justicia administrados en nombre del Rey; pero el rasgo esencial de este fen�meno y lo que caracteriza a esta forma de Estado como absolutista es la circunstancia de que el Monarca, al ser soberano, est� por encima del derecho que �l mismo crea. El monarca absoluto es legibus solutus.
El Estado liberal, en cuanto reacci�n de la burgues�a al Estado absolutista, descansa sobre dos principios f�ctico-normativos: la Constituci�n y las declaraciones de derechos del individuo. En ambos casos se trata de l�mites impuestos al poder de la autoridad, al poder del soberano, que ya no puede ser legibus solutus por cuanto, a los l�mites que ya le impon�a la misma doctrina pol�tica absolutista (las leyes viejas del Reino, los pactos, la ley divina), se le a�aden ahora otros dos: primero, una norma superior o norma de normas, preexistente, la Constituci�n, a la que se tiene que ajustar toda la actividad del soberano en cuanto legislador; segundo, el reconocimiento expreso de los derechos del individuo que, al ser admitidos (desde Locke) como anteriores al Estado, son ilegislables y, por lo tanto, inviolables.
El Estado liberal, en cuanto articulaci�n territorial, respeta los principios sentados por el Estado absolutista. En cuanto a la articulaci�n jur�dico-pol�tica, sigue reservando a los poderes p�blicos el monopolio de la violencia. Pero como �sta se ejerce ahora con arreglo a derecho, aquel monopolio se constituye en monopolio "leg�timo" y pasa a ser considerado como el elemento definitorio del Estado. En cuanto a la articulaci�n econ�mica, el Estado liberal se articula seg�n los principios del liberalismo econ�mico de la teor�a econ�mica cl�sica de la Escuela de Manchester. Desde esta perspectiva, la riqueza de las naciones reside en la capacidad para competir en el comercio mundial y la funci�n que corresponde a las autoridades en la actividad econ�mica es la que se contiene en la famosa expresi�n "laissez faire, laissez passer", cuya articulaci�n formal es la teor�a del llamado "Estado gendarme" o "Estado polic�a", tambi�n conocido como "Estado m�nimo", esto es, un Estado que se abstiene de toda intervenci�n en el proceso productivo y cuyas �nicas actividades se reducen a mantener el orden p�blico, garantizar la defensa y realizar las obras p�blicas necesarias para la producci�n.
La democracia posee un inter�s singular para el hombre contempor�neo, por lo menos en el sentido de que parece instalada en el centro de sus sistema manifiesto de aspiraciones (valoraciones), a la vez que es proclamada p�blicamente como fin supremo de vida pol�tica por la mayor�a de los estados, incluso algunos de tipo absolutista. En un sentido genuino, la democracia es una forma de vida seg�n la cual cada ciudadano participa plena y libremente en el funcionamiento de la pol�tica. En sentido m�s restringido la democracia es la posibilidad real de que todos los ciudadanos participen del poder, bien por la apertura del acceso a los cargos p�blicos, bien por el voto (delegaci�n de poder), bien mediante el influjo de la opini�n p�blica. El primer tipo de democracia no s�lo exige la existencia de los derechos pol�ticos de la segunda, sino una situaci�n de hecho en la cual la apat�a pol�tica quede reducida al m�nimo y los ciudadanos posean un grado de responsabilidad, inteligencia y voluntad pol�ticas poco comunes. L�vi-Strauss afirma que �la verdadera democracia... es la vida comunal, aun la de la m�s reducida comunidad�. Si la democracia pierde su car�cter comunitario, el sutil equilibrio entre Gemeinschafty Gesellschaft perder� parte de su pr�stina virtud. No obstante, la f�rmula federal, la descentralizaci�n de la administraci�n y la autonom�a comarcal e institucional pueden coadyuvar a contrarrestar la impersonalidad y el poder del estado moderno y mantener un grado muy sensible de la vida democr�tica.
La democracia, al menos en sus formas m�s desarrolladas, es el ejemplo paradigm�tico de lo que se denomina Estado de Derecho. Un Estado de Derecho implica sometimiento del Estado al Derecho, a su propio Derecho, regulaci�n y control de los poderes y actuaciones todas del Estado por medio de leyes, creadas �stas adem�s seg�n determinado procedimientos de alguna abierta y libre participaci�n popular, con respeto pues para derechos fundamentales concordes con tal organizaci�n institucional. Un Estado que quiera denominarse de Derecho ha de cumplir, al menos, las siguientes caracter�sticas:
El Estado de Derecho es aquel en el que las regulaciones normativas se hacen desde la libre participaci�n, que incorpora mejor los derechos fundamentales y obliga con todo rigor a que los poderes p�blicos se muevan siempre dentro del m�s estricto respeto y sometimiento a las leyes, proh�be y persigue toda actuaci�n o respuesta estatal que utilice cualquier tipo de fuerza o coacci�n que pueda considerarse ilegal.
El Estado, seg�n Weber, es el monopolio leg�timo de la violencia; para que sea tal (leg�timo) ha de tratarse, por tanto, de una fuerza, de una coacci�n, de una violencia de ese modo producida y regulada en el Estado de Derecho. El Estado no puede, no debe, de ning�n modo, responder al delito con el delito, a la violaci�n de la ley por el delincuente con la violaci�n de la ley por el gobernante o sus representantes: se convertir�a as� en un Estado delincuente.
El criterio sociol�gico de definici�n de democracia debe basarse en un m�nimo de instituciones democr�ticas en sano funcionamiento. Por eso, importa poco la proclamaci�n p�blica de que tal o cual pa�s es una democracia. Habr� que constatar si los ciudadanos votan, si los candidatos al favor popular expresan opiniones opuestas, si existe una opini�n p�blica que se manifiesta con relativa libertad, si la asociaci�n pol�tica es libre, sin interferencias con el poder gubernamental, y si existe una aut�ntica oposici�n frente al gobierno, tan leg�tima como �l.
El requisito m�s elemental de la democracia es el de la representatividad, la cual, normalmente, se expresa en el voto. Por ello los estudios de conducta electoral son parte central de la sociolog�a de la democracia. El estudio del proceso electoral y de la respuesta de los ciudadanos en las urnas revela valores y motivaciones poco visibles en otros niveles de la vida pol�tica.
Frente a la investigaci�n del cuerpo electoral aparece el de sus representantes, los pol�ticos. As�, nos conviene saber su origen social, sus estudios, sus conexiones con el mundo de las finanzas, con los militares, con las clases sociales. En otras palabras, tr�tase de estudiar las �lites pol�ticas y su circulaci�n. Como indic� Pareto, las democracias occidentales distan de presentar una movilidad social perfecta, pues los pol�ticos profesionales, por el mero hecho de serlo, se oponen a su jubilaci�n o retiro, o a ser sustituidos por quienes no hayan sido sus protegidos y aliados. Los canales de acceso al poder no est�n abiertos a todos los que pudieran ser virtualmente buenos pol�ticos, sino a quienes, adem�s de ello, posean las conexiones necesarias o sepan labr�rselas.
Los partidos pol�ticos, las facciones y los grupos de presi�n son otras instituciones b�sicas de la democracia, o por lo menos de la pluralista.
El estudio de los partidos pol�ticos nos muestra su naturaleza a menudo clasista; as�, como Marx apuntara, la vida pol�tica parlamentaria puede ser, en parte, una sublimaci�n de la lucha de clases y, a veces, puede aportar soluciones parciales genuinas a las tensiones interclase. Tambi�n nos muestra su estudio c�mo en los partidos pol�ticos y sindicatos surgen oligarqu�as dirigentes que tienden a mantenerse cerradas y a controlar el aparato burocr�tico del partido en cuesti�n.
Junto a los partidos, en los estados democr�ticos surgen asociaciones pol�ticas m�s o menos permanentes con fines m�s restringidos, en general, para proteger o promover un conjunto limitado de intereses. Estas asociaciones - los grupos de presi�n - establecen lobbies o contactos influyentes en los centros ejecutivos, legislativos y hasta judiciales del poder. Su fuerza es notable, en especial, en los parlamentos y asambleas legislativas. En ciertos sentidos, la organizaci�n de intereses grupales - de empresarios, sindicatos, finanzas, iglesias, estamentos militares, etc�tera - restringe el alcance de la democracia.
Con todos sus defectos, la democracia es el modo m�s rico, complejo y civilizado de pol�tica.
Aunque el Estado liberal consideraba al ser humano como sujeto de derechos y deberes, no cumpl�a, sin embargo, con la exigencia m�s elemental de toda consideraci�n abstracta y universal, que es la de la igualdad de sus unidades. Aquellas declaraciones de derechos de los or�genes del estado liberal -por ejemplo, la Declaraci�n Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano- proclamaban la igualdad de los seres humanos ante la ley; pero se trataba de una igualdad puramente formal que ocultaba desigualdades reales, e incluso a veces ni siquiera hab�a una verdadera igualdad formal. Este hecho se ve claramente en todas las leyes electorales de todos los pa�ses liberales en el siglo XIX: no todas las personas son iguales ante la ley electoral. Los Estados liberales convivieron todos con una u otras formas de sufragio censitario, que negaba un derecho fundamental a sectores m�s o menos numerosos del pueblo. En consecuencia, el Estado liberal era un Estado de Derecho pero, al no respetar el principio de igualdad, no era un Estado democr�tico. Por este motivo, el Estado liberal de fines del siglo XIX y principios del XX, al desembocar en la universalizaci�n real del derecho de sufragio, acab� convertido en Estado democr�tico.
Desde el punto de vista territorial, el Estado democr�tico es un Estado nacional que se atiene a los principios de la soberan�a interior y exterior. Desde la perspectiva jur�dico-pol�tica, el Estado democr�tico conoce dos variantes fundamentales con respecto al liberal: por la primera, al imperar el mandato de la igualdad, las decisiones pasan a adoptarse por el principio de la mayor�a; por la segunda, al ser el sufragio universal, el cambio institucional m�s acusado que se produce es "la parlamentarizaci�n de los Gobiernos": se asienta el principio de responsabilidad pol�tica de los Gobiernos ante los Parlamentos. Desde el punto de vista de las concepciones econ�micas dominantes, el hecho de que, paralelamente a la universalizaci�n del sufragio, se universalizara el impuesto sobre la renta y se admitiera el derecho de representaci�n de las clases trabajadoras y humildes en general, provoc� una mayor actividad intervencionista del Estado, que vino favorecida por los r�pidos procesos de industrializaci�n y modernizaci�n de las sociedades y, como respuestas, el auge del movimiento socialista por un lado y la elaboraci�n de la doctrina social de la Iglesia por el otro. Esta incrementada actividad intervencionista acabar�a conduciendo al Estado democr�tico (que tambi�n era liberal) a la �ltima, contempor�nea, forma de Estado.
El Estado social y democr�tico de Derecho o Estado de Bienestar
Tras la revisi�n que impuso al cat�logo tradicional liberal la naciente mentalidad democr�tica igualitaria, se desarrollar�a una nueva mentalidad cr�tica que tratar�a de demostrar c�mo, a pesar de todo, en tanto existieran las desigualdades econ�micas y sociales, ni siquiera la efectiva igualdad pol�tica lograda por el pensamiento democr�tico ser�a suficiente para conseguir �rdenes pol�tico-sociales racionales y justos. La convicci�n profunda aqu� es que la verdadera igualdad s�lo puede ser econ�mica y social. Para conseguirla se solicita una directa intervenci�n de las autoridades p�blicas en el proceso productivo y, sobre todo, en el distributivo, con fines de garantizar una redistribuci�n m�s equitativa de la renta.
Desde el punto de vista territorial, el Estado social y democr�tico de Derecho no cuestiona los supuestos de soberan�a comunes a todas las formas del Estado de Derecho; aunque s� tiene una mayor proclividad a integrarse en organizaciones supranacionales y a ceder parcelas de soberan�a. Desde el punto de vista jur�dico-pol�tico, son dos las innovaciones de esta forma de Estado: el car�cter abierto y progresista de las organizaciones constitucionales, a trav�s de las correspondientes cl�usulas transformadoras de los �rdenes jur�dico-pol�ticos estatales, y el llamado parlamentarismo racionalizado, mediante el cual se trata de cohonestar el principio de responsabilidad pol�tica de los Gobiernos ante los Parlamentos con el de la estabilidad pol�tica de los Estados. Desde el punto de vista econ�mico, esta forma de Estado coincide con el llamado "Estado del bienestar". Se entiende que es una forma de Estado b�sicamente intervencionista, que no act�a de acuerdo con los postulados de la teor�a econ�mica liberal cl�sica, sino con arreglo a la revisi�n keynesiana, que postula dicha intervenci�n del Estado en el ciclo econ�mico con el fin de garantizar tres aspectos necesarios para la prosperidad de las sociedades capitalistas: el equilibrio econ�mico (neutralizaci�n de las crisis), el pleno empleo y, como consecuencia, el crecimiento sostenido.
El Estado se hace decididamente intervencionista con objeto de poder atender y llevar a la pr�ctica las demandas sociales de mayor participaci�n e igualdad real: sufragio universal por un lado, amplio pacto social con compromiso por el Estado para pol�ticas de bienestar, por otro, ser�n los dos principales componentes de esa fortalecimiento de la legitimaci�n y de la doble participaci�n democr�tica.
El Estado se convierte, as�, en un Estado de servicios -donde �stos se demandan cada vez en mayor cantidad, mejores en calidad y para m�s amplios sectores sociales-; esto va a suponer un protagonismo y una preeminencia para las tareas y las funciones de la Administraci�n, del poder ejecutivo. �ste, sin negar el Parlamento, se convierte en poder legislador y su actividad desborda, aunque no necesariamente contradiga, los propios cauces de las normas jur�dicas.
Ver las caracter�sticas del Estado de Bienestar en el tema del mismo t�tulo.
La guerra y la manifestaci�n violenta de la hostilidad han sido perennes en la sociedad humana desde tiempo inmemorial. Y el ejercicio sistem�tico de la violencia de un modo grupal, organizado, es el origen de la milicia. Esta aparece como subsistema del sistema pol�tico general, de la pol�tica. En algunas sociedades nos encontramos con una casi identificaci�n entre gobierno y poder militar, por ejemplo, en el feudalismo. Tambi�n encontramos casos en los que el poder militar, organizado en forma de ej�rcito, monopoliza el poder civil y relega a posiciones secundarias otras fuerzas pol�ticas. Sin embargo, la organizaci�n militar de una sociedad consiste en un conjunto de instituciones estrictamente relacionadas con el poder.
Los objetivos mismos del ej�rcito - control de la sociedad o sociedades sujetas al estado, defensa y ataque, o sea, obtenci�n de los fines del sistema pol�tico - son esencialmente pol�ticos. Ahora bien, en un extremo del espectro nos encontramos con estados donde el ej�rcito es un subsistema totalmente controlado por el grupo civil del gobierno (Suiza), y en el otro, con la confusi�n entre ej�rcito y gobierno (ciertas rep�blicas sudamericanas). El caso intermedio es m�s corriente; �ste consiste en que el mando militar - la �lite castrense - se convierta en un grupo de presi�n perenne y poderoso que oriente muchas decisiones gubernamentales.
Pero tambi�n aqu� hay que hacer distinciones, pues una cosa es el peso de estamento militar, por muy grande que sea, y otra es la inclinaci�n de ciertos grupos dentro de ese estamento a hacerse violentamente con el poder y a ejercerlo directamente.
La gran frecuencia de los golpes de estado en ciertas regiones del mundo es prueba de que ello no es un fen�meno espor�dico o ef�mero. Es producto, como dice Finer, de dos fuerzas principales: por un lado, la capacidad y la propensi�n de las fuerzas armadas hacia la intervenci�n, y por otro de ciertas contrapresiones sociales como son, por ejemplo, la amplitud de la opini�n pol�tica, el grado de movilizaci�n pol�tica de la sociedad civil - sindicatos, partidos -, la naturaleza de la cultura pol�tica, etc. Existen adem�s notables correlaciones entre la propensi�n del ej�rcito hacia el golpe de estado y el nivel de desarrollo econ�mico, al igual que con la edad del estado afectado.
Junto a estos fen�menos que proceden de la estructura social general de ciertos pa�ses encontramos los que son inherentes a los sistemas sociales militares en s�. Uno de los m�s descollantes es el militarismo. Este puede definirse como un complejo social que incluye el militantismo, la preponderancia del ej�rcito en el interior de la sociedad y del gobierno y un cierto grado de militarizaci�n de la vida civil. Tr�tase, pues, de un fen�meno altamente ideol�gico. No es, adem�s, exclusivo del poder p�blico ni tan siquiera de las fuerzas armadas, pues est� enraizado en actitudes y grupos que los trascienden. As�, hay organizaciones religiosas o laicas en las que el militarismo y la estructura paramilitar son evidentes: Jesuitas, Boy-Scouts, Ej�rcito de Salvaci�n.
En cuanto a su organizaci�n interna, es notable la estricta jerarquizaci�n, formalizaci�n y ritualismo de los ej�rcitos, salvo en situaciones revolucionarias y de liderazgo carism�tico.
El gobierno entra�a, en toda sociedad compleja, una administraci�n. Esta consiste en el manejo rutinario de casos previsibles, que normalmente se solucionan por delegaci�n de poder a ciertas instituciones. La administraci�n es b�sicamente lo que se suele llamar una organizaci�n formal, lo cual significa, como dice Merton, que es una estructura social racionalmente montada con patrones de conducta claramente definidos y funcionalmente relacionados con los prop�sitos de la misma. En las sociedades m�s simples, las organizaciones formales son innecesarias, pues los sistemas sociales de linajes, clases y tribus bastan a la organizaci�n econ�mica, militar, pol�tica y religiosa de sus tareas y bastan tambi�n para el mantenimiento de su cohesi�n interna. Pero en todas las pol�ticas complejas del pasado, y en todos los estados modernos sin excepci�n se produce una estructura formal cuyo alcance coincide con el del poder pol�tico central y que es de naturaleza esencialmente burocr�tica. La burocracia p�blica es el prototipo de organizaci�n formal, pero �sta no se presenta s�lo a nivel pol�tico. Las grandes empresas capitalistas, por ejemplo, est�n montadas seg�n organigramas, jerarqu�as, mecanismos y patrones burocr�ticos.
Seg�n Weber, idealmente, la burocracia se caracteriza por la racionalidad de las decisiones, la impersonalidad de sus relaciones sociales, la rutinizaci�n de las tareas y la centralizaci�n de la autoridad. Adem�s, hay una segunda serie de rasgos estructurales, a saber:
Quien detenta un rol de bur�crata es un profesional asalariado, que sigue su carrera seg�n un escalaf�n y que, en principio, no percibe ingresos ni emolumentos de los administrados.
La burocracia es tambi�n parte integrante de la divisi�n general del trabajo en la sociedad. Por ello la evoluci�n de la burocracia ha ido estrechamente unida a la del sistema econ�mico. La racionalizaci�n del trabajo ha ido de la mano de la burocratizaci�n de entidades pol�ticas o de propiedad privada y p�blica.
La burocracia lleva consigo incontables disfunciones - nepotismo, soborno, injusticias administrativas, lentitud ocasional del procedimiento - pero su avance la eficiencia y el radio de acci�n de los grupos secundarios que la utilizan. A su vez, el control social burocr�tico ha creado numerosos problemas, como son el enorme poder de la polic�a pol�tica en los estados totalitarios y la vulnerabilidad de las comunidades ante la fuerza de las organizaciones formales, manipuladas por un gobierno poderoso y lejano. Y es que la burocracia es en s� misma una herramienta neutra, ni buena ni mala. Es expresi�n de unos procesos culturales de racionalizaci�n progresiva del trabajo que, a menudo, sobrevive a los reg�menes pol�ticos.