El sistema educativo de Cataluña adolece de graves problemas.

En términos de formación, los jóvenes catalanes se sitúan a la cola de Europa y también de España. Así lo denuncia el informe elaborado por el Plan Estratégico Metropolitano en el que han participado políticos y empresarios. No por casualidad, el informe concluye con dos datos: un trabajador cualificado equivale a 3,8 trabajadores sin estudios, y el incremento de la productividad asociada el conocimiento en el periodo que va de 1995 a 2001 fue de sólo el 0,2%. Los estudiantes del área metropolitana de Barcelona, y por extensión los catalanes, tienen un pésimo dominio de los idiomas extranjeros, el peor de la Unión Europea, sólo detrás de los británicos.

En Cataluña, el porcentaje de inversión en educación sobre el PIB es del 2,08%, muy lejos de la media española (3,10%) y aún más de lo que invierte Canarias (3,82%) o Andalucía (3,66%). El informe reseña también que la comprensión lectora de los estudiantes catalanes de entre 14 y 16 años y el conocimiento de gramática, literatura y matemáticas es inferior a la media española.

El informe se abre con un diagnóstico demoledor: "El sistema educativo no logra niveles suficientes de eficacia, ni en los aspectos de instrucción, ni en los educativos, ni de formación de una ciudadanía crítica y plenamente responsable". Además, añade, "no se da una adecuada relación y coordinación entre el sistema productivo y el educativo", hecho que es perfectamente comprobable, afirma el estudio, "en el área metropolitana".

"Los peores resultados se producen con demasiada frecuencia en determinados centros que pertenecen a la red pública; muchos de ellos se hallan situados en los barrios más deprimidos o habitados por grupos sociales constituidos por familias de menor capital cultural, de baja posición social y de menos recursos económicos". Un dato: el 78% del alumnado de estos centros públicos es de clase social baja o muy baja, un porcentaje que no se da ni por aproximación en la escuela concertada.

El informe señala seis problemas. El primero, que los escolares de primaria y secundaria tienen un bajo nivel de instrucción en los aspectos fundamentales. Una situación que es calificada de "alarmante", sobre todo en la red pública de los suburbios.

El segundo problema es que se ha acabado por configurar una red dual de centros, en función del origen de clase de los alumnos. De este modo, aunque los centros públicos dispongan de más recursos, acaban logrando peores resultados por el contexto social y cultural del alumnado, que exige muchos más medios. Además, aparece un fenómeno nuevo: "La violencia y la fuerte conflictividad escolar en las zonas calientes, que se corresponden con las que acogen a niños y jóvenes de los barrios más marginales y que coinciden con los que acogen las fuertes oleadas migratorias de los últimos cinco años".

Los centros no están preparados para resolver estos problemas. Tienen un régimen excesivamente reglamentista y, además, ha fracaso el sistema de designación de directores, que en el 60% de los casos han tenido que ser designados por la Administración. Tampoco se puede contar con los padres de los alumnos, cuya participación no supera el 3%. Los profesores no se arriesgan a innovaciones y "un amplio sector del profesorado vive la profesión docente con un evidente malestar que se manifiesta a menudo en en número elevado de bajas laborales" y otros factores.Además, el área metropolitana, como Cataluña y España, se hallan muy lejos de haberse adaptado a las nuevas tecnologías, con lo que se aleja también de las "nuevas exigencias económicas, sociales y laborales".

Finalmente, la formación profesional se halla mal repartida territorialmente, sin coordinación entre los centros y las especialidades, y desvinculada del entorno productivo, lo que no es sino el reflejo "de unos centros poco flexibles que no se ajustan a las necesidades del momento en que vivimos". El informe no se limita a lamentar la situación y se cierra con diversas propuestas para mejorar las cosas. Las medidas sugeridas van desde la reforma de la organización administrativa de la educación, tendiendo a un modelo menos centralizado, hasta la redefinición del modelo de gestión de los centros, reforzado su autonomía y aumentando los recursos.

Se propone también la creación de un plan piloto en el área metropolitana de Barcelona, donde habría que hacer hincapié en la calidad y la eficacia del sistema global y, especialmente, de la formación profesional, a través de un sistema de conciertos con los municipios. Los autores del informe, asumido por el plan estratégico en su conjunto, insisten en el papel reequilibrado de la formación profesional, que sin embargo debe revisar periódicamente los ciclos formativos y los contenidos de las enseñanzas que se puedan ofrecer. Sin olvidar la conveniencia de una cierta estabilidad, de modo que se evite una ley educativa cada cinco años.

El País, Francesc Arroyo, Barcelona