El Gobierno amenaza con consecuencias para quien no acate la paralización.

( 29/05/2004, 20:18) EUROPA-PRESS/MADRID

Tal y como estaba previsto, el Consejo de Ministros aprobó el anunciado decreto que paraliza la entrada en vigor determinados aspectos de la Ley Orgánica de Calidad Educativa (LOCE), como el establecimiento de itinerarios en enseñanza secundaria o la inclusión de la Religión en los planes de estudio. No obstante, el Ejecutivo recalca que la Ley sigue en vigor y hace un llamamiento a la tranquilidad en la comunidad educativa.

Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega advirtió que las comunidades que no acaten el decreto "se tendrán que atener a las consecuencias". La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, anunció que recurrirá el decreto de paralización.

Fernández de la Vega explicó que los aspectos que se han paralizado son asuntos "muy controvertidos" sobre los que se pretende abrir un diálogo. No obstante, recordó que la LOCE no se paraliza, no se suspende, sigue en vigor y "los educadores, familias y niños, pueden estar totalmente tranquilos en el próximo curso".

Por otro lado, advirtió a las comunidades autónomas que, si no cumplen lo dictado en el Real Decreto de paralización del calendario de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) "deberán atenerse a las consecuencias". "Lo tiene que cumplir todo el mundo", sentenció.

Así, respondió al anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid de recurrir esta decisión ante la jurisdicción ordinaria por tratarse de un real decreto. De la Vega aseguró que el decreto forma parte de la legalidad y "no existe mecanismo para que Madrid ni ninguna comunidad autónoma pueda incumplir lo que la ley dice", afirmó.

En este sentido, la ministra de la Presidencia explicó que el principio de legalidad "rige para todo el mundo", autonomías, Estado y ciudadanos, y que la actuación del Gobierno se limita a elaborar un decreto con un nuevo calendario de acuerdo con la reforma impulsada por el PP, que otorgaba al Ejecutivo competencia para establecer los plazos de implantación.

Las medidas que quedan paralizadas son las referentes a los itinerarios de tercero y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), la Prueba General de Bachillerato (PGB) y la Religión como asignatura evaluable. Se exceptúan la gratuidad de la Educación Infantil (tres a seis años), que, como establece la reforma, las autonomías podían empezar a aplicar desde este año para su aplicación total el próximo, y la enseñanza de idiomas, en convergencia con Europa.

Sin embargo, siguen en marcha las cuestiones que entraron en vigor durante este curso 2003-2004: la implantación de los nuevos criterios de evaluación y promoción de curso, tras la desaparición de la 'promoción automática'.

El calendario de aplicación de la Ley de Calidad de la Educación quedó fijado mediante un Real Decreto de 27 de junio de 2003 y ahora el Gobierno, utilizando el mismo procedimiento, ha modificado parcialmente dicho calendario, con los informes favorables del Consejo de Estado, que rechazó los argumentos presentados por varias comunidades autónomas, del Consejo Escolar del Estado y el Ministerio de Administraciones Públicas. Con esta medida el Ministerio de Educación y Ciencia aplaza durante dos años la entrada en vigor de las iniciativas "más polémicas".

RECUPERAR EL CONSENSO

Así, se persigue abrir un debate en profundidad con todos los sectores afectados, recuperar el consenso entre las fuerzas políticas, comunidad educativa y autonomías y lograr un amplio acuerdo en torno al sistema educativo que permita lograr la calidad con equidad en la Educación.

En este sentido, la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, aclaró que durante los dos próximos cursos académicos se seguirán aplicando en los centros de enseñanza las actuales reglas de la LOCE, con lo que la paralización del calendario no afectará a la comunidad educativa.

"Consideramos que el Real Decreto no hace más que utilizar las capacidades legales del Gobierno central para modificar el calendario de los distintos aspectos de la Ley de Calidad", dijo, tras destacar que el Ejecutivo también decidió ser escrupuloso sobre qué aspectos se paralizaban, "por lo que ya estaba en vigor no es objeto de paralización, algo que afecta a la evaluación y promoción de los estudiantes".

Por otra parte, apuntó que entre la comunidad educativa había una "cierta inquietud" ante la posibilidad de seguir con el calendario previsto por el "retraso notable" en los desarrollos por parte de las comunidades autónomas. "Se están produciendo avances en estas última semanas por parte de algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular pero en el conjunto del sistema educativo había verdaderamente una cierta preocupación acerca de la premura de la entrada en vigor de la nueva Ley en el nuevo curso", manifestó.

En este sentido, abogó por que España tenga como referencia los objetivos fijados por la Unión Europea, que establecen por ejemplo que, para 2010, el 85 por ciento de los jóvenes terminen Bachillerato o Formación Profesional. "España no puede ser menos ambiciosa y por tanto con esos objetivos tenemos que revisar la configuración del sistema educativo especialmente en la etapa final de secundaria", agregó.