Los profesores
apoyan la reválida y los itinerarios de la Ley de
Calidad del PP
Uno de cada dos sufre la indisciplina
de los escolares, según una encuesta de CC OO
Más de la mitad de los profesores
defiende el establecimiento de itinerarios en la ESO, la
Prueba General de Bachillerato (o reválida) y los
programas de iniciación profesional, aspectos todos
ellos considerados prioritarios en los planes del nuevo
Gobierno para reformar la Ley Orgánica de Calidad
de la Educación. Una encuesta realizada por el sindicato
Comisiones Obreras revela, además, que la indisciplina
del alumnado provoca tensión a uno de cada dos profesores,
y el acoso sexual o psicológico, a uno de cada cuatro.
Mar Villasante, La Razón
Madrid- La mayoría de los profesores
aceptan, con matices, que los alumnos superen la prueba
de la reválida para obtener el título de Bachiller
(51,9 por ciento), defienden el establecimiento de itinerarios
formativos en Secundaria (55) y la sustitución de
la Garantía Social por los Programas de Iniciación
Profesional (64 por ciento), tres aspectos cruciales recogidos
en la Ley de Calidad de la Educación y que la nueva
ministra del ramo, María Jesús Sansegundo,
ha incluido en sus planes inmediatos de paralización.
Los resultados de una encuesta del sindicato Comisiones
Obreras elaborada por Demoscopia entre más de 2.000
profesores de toda España ponen de manifiesto, sin
embargo, una actitud más crítica hacia la
Ley de Calidad del PP en cuanto a la participación
de los docentes, por ejemplo, en la elección de los
directores y en las cuestiones que atañen a los planes
de estudios. Aceptan las pruebas generales de diagnóstico
(65 por ciento) para evaluar el sistema educativo y rechazan
la supresión de medidas de atención a la diversidad
(62) y el currículo uniforme y cerrado (44).
Ley centralista. Por comunidades, los de País Vasco
y Cataluña son los más críticos con
la reforma, «tal vez por ser una ley más centralista»,
según explicó el secretario de Política
Educativa del sindicato y coordinador del estudio, Miguel
Recio.
Los profesores sitúan en la falta de apoyo de las
familias o la escasa motivación de los escolares
algunos factores de tensión en su trabajo. El más
importante, para el 51 por ciento de los encuestados, sería
la indisciplina del alumnado, especialmente en la escuela
pública, seguido del acoso psicológico (24
por ciento) y el sexual (26). Otros indicadores son el exceso
de responsabilidad, la inestabilidad en el puesto, el desplazamiento
al lugar de trabajo, las relaciones con los alumnos o con
los propios compañeros.
El estudio muestra que el profesorado mantiene una visión
positiva del funcionamiento de los equipos directivos y
del consejo escolar. Sólo un ocho por ciento pone
en evidencia su desacuerdo con el sistema de elección
del director vigente hasta este curso y mayoritariamente
demanda más participación en la designación,
frente al modelo que introduce la Ley de Calidad de nombramiento
del director por la Administración pública.
Para los directores se pide, de acuerdo con la LOCE, más
formación y apoyo, capacidad para decidir sanciones
en materia de personal y de alumnos y un incremento de sus
competencias y retribuciones. Como objetivos prioritarios,
los docentes citan las necesidades de formación (70
por ciento), la promoción (39) o la mejora retributiva
(20).
La escuela padece los efectos de la discriminación
laboral por sexo. Los directores varones en los centros
públicos cuatriplican el número de mujeres,
por cierto, más numerosas en los sectores menos remunerados
y con jornadas más prolongadas. El porcentaje de
profesoras interinas (16) duplica casi el de varones (9),
que también son superados en contratos temporales.
La edad media de los profesores ha subido en la enseñanza
pública cuatro años desde 1992, cuando sólo
el 16 por ciento tenía más de 46 años,
frente al 41 por ciento de ahora. Los docentes son más
jóvenes en la enseñanza privada que en la
pública porque allí «crecen más
las plantillas», en opinión de Miguel Recio,
y eso «debería servir» como aviso para
la Administración, que debe emprender «una
política de rejuvenecimiento» en la enseñanza.
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