El sinsentido de la polémica educativa

28/05/2004, El Comercio, ROMÁN GARCÍA / PROFESOR DE FILOSOFÍA

DISEÑAR un sistema educativo es diseñar un proceso que se inicia, al menos, a los cinco años y que finaliza a los 15 ó 16. Es decir, que, en el mejor de los casos, la entrada en vigor de una ley educativa supone una planificación a diez años vista: cambio de los libros de texto, nuevas inversiones en infraestructuras, una reforma de las plantillas del profesorado (funcionarios), programas de transición para los alumnos que repiten..., con los costes y dificultades que ello conlleva.

Expuesto así el problema, e independientemente de cuestiones ideológicas, pedagógicas y sociológicas, lo que parece evidente es que una ley de educación debería estar pensada para un periodo superior a veinte años. Es absurdo que se cambie cada vez que un partido político tiene mayoría absoluta en el Congreso, bajo la influencia, quizá, de las modas pedagógicas del momento, o de intereses económicos editoriales.

La polémica de la educación viene determinada porque algunos sectores, muy variopintos, suelen entender que las causas y soluciones de los problemas sociales se derivan directamente del modelo educativo y que, por tanto, la conflictividad social es consecuencia lógica de determinados modelos pedagógicos aplicados en las aulas.

El anuncio por parte del PP de una reforma (Ley Orgánica de Calidad de la Educación, LOCE) de la reforma de la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo), fue, inicialmente, bien recibido por una parte del profesorado, sobre todo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), donde la enseñanza pública y las condiciones de trabajo de los docentes se habían degradado de modo intolerable. Sobre todo, dos eran los problemas que más preocupaban al profesorado: por una parte una cierta caída de los contenidos y, por otra, el problema de orden público en los centros, cuestiones que en muchos casos se pueden entender como las dos caras de una misma moneda. No es extraño que la promesa de corrección de algunas de las disfunciones más evidentes levantase serias expectativas entre el profesorado. Sin embargo, la cuestión es que la LOCE no sólo no entra en la rectificación de los problemas de fondo, sino que además no tuvo en cuenta a los interlocutores a los que pretendía defender. Incluso se desarrollan algunas cuestiones que son muy discutidas desde la comunidad educativa.

¿En qué se diferencian la LOCE y la LOGSE? Para la mayoría, de forma sustancial, en nada. Los cambios desde el punto de vista técnico tienen poca importancia. Asistimos, a nuestro modo de ver, a un falso debate entre dos conjuntos de tópicos -los anteriores de la LOGSE y los nuevos de la LOCE- que enfrentan, sobre aspectos parciales, dos posiciones que son, no olvidemos, complementarias. Este debate sirve para encubrir los objetivos reales de estas leyes y oculta cuestiones ideológicas que sí representan concepciones diametralmente opuestas, pero que no se encuadran en uno u otro partido político.

El problema radica, fundamentalmente, en la interpretación que se haga de la igualdad de oportunidades, especialmente para los discapacitados, pero también para los emigrantes. Sin embargo, esta cuestión queda oculta ante otro fenómeno que tiene, debe tener, otro tratamiento, y es el del abandono escolar, ligado directamente al fracaso escolar.

Los responsables de educación del PSOE ignoran el fracaso escolar o, más correctamente, tienden a reducir el problema a un problema de integración: el alumnado suspende por falta de capacidad. Esto es radicalmente falso. En estos momentos, un número importante de escolares que suspenden lo hacen debido no a un retraso escolar como consecuencia de una discapacidad o a un handicap (o, al menos, no es el motivo principal) sino por el abandono, por la falta de motivación o por la carencia de perspectivas frente a los estudios.

Si bien el argumento de la necesidad de reforma de la LOGSE, por parte del PP, se centraba en la «caída de los niveles escolares», sobre la que nunca se dan en realidad datos rigurosos, pronto empezaron a aflorar otras cuestiones: itinerarios, elección de opciones con unas consecuencias determinantes a edades muy tempranas; Pruebas selectivas, lo que pone en cuestión todo el sistema; elección por parte de la Administración de los directores de centros; potenciación de la asignatura de Religión... Esa situación, unida a la falta de ese debate con los interlocutores de los sectores implicados, llevo a la contestación a la LOCE.

Sin embargo, debemos decir que si bien todos los problemas se centran en los planes de estudio, nadie ha reparado en algo más importante: la necesidad de abordar una profunda reforma de la Administración educativa, compuesta por personas sin una formación rigurosa, que en un análisis objetivo de los déficit del actual sistema educativo, suponemos, tendría una gran responsabilidad. Una reforma educativa debería especificar qué problemas o déficit manifiesta la enseñanza y, lógicamente, cómo se podrían solventar. La Administración, en la actualidad, se nutre fundamentalmente de profesores de especialidades que no tienen que ver directamente con la función que se va a desarrollar, poco cualificados en áreas de gestión y, desde luego, con poca capacidad para la planificación (como se demuestra todos los años con el inicio de curso). Sería necesario reflexionar sobre la necesidad de eliminar tanto puesto de libre designación, que muy pocas veces tiene que ver con cuestiones políticas y sí con cuestiones económico-administrativas. La profesionalización que se pretende para la gestión de los centros parece más que evidente que debería iniciarse por el aparato burocrático-administrativo del Ministerio de Educación y las respectivas consejerías.