El 80% de profesores y alumnos exige castigos

Más de ocho de cada diez alumnos y profesores de los centros españoles se han mostrado partidarios de establecer castigos y sanciones a los estudiantes conflictivos en los centros, según un estudio elaborado por el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo (IDEA), presentado ayer en Madrid.

En los últimos tres años hay un incremento preocupante los insultos, chantajes, amenazas, destrozos y robos de material y de prendas en los centros de Secundaria.
La comunidad educativa coincide en la necesidad de acciones más severas para controlar los conflictos escolares.
El 50,8 por ciento de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) cree que se debería intervenir más duramente con los compañeros que causan problemas en el aula. Los profesores coinciden con sus estudiantes (66 por ciento) en las necesidad de acciones más severas para controlar los conflictos escolares.

Los docentes consideran que los problemas que surgen en las clases se resuelven de manera justa (68,4 por ciento) pero los estudiantes son más críticos respecto a la justicia del aula (44 por ciento), según la encuesta realizada a 1.296 profesores de Infantil, Primaria y Secundaria de centros públicos y concertados de todas las comunidades autónomas.

La diferencia de criterios a la hora de aplicar las normas en Secundaria produce desconcierto en el alumnado (53,9 por ciento).

Dialogar y llegar a acuerdos es la principal solución por la que apuestan estudiantes y docentes de Secundaria (68,1 y 90,6 por ciento, respectivamente) pero más de ocho de cada diez alumnos y profesores (84,7 y 82 por ciento, respectivamente) abogan por castigos y sanciones.

Intervención de la escuela.

Mayoritariamente, los enseñantes quieren solucionar el conflicto tratándolo entre todos. En general, la comunidad escolar (padres, estudiantes y profesores) percibe que hay un clima adecuado y ordenado en la escuela que permite una buena convivencia, siendo la opinión más crítica la del alumnado, que reclama más participación para resolver los problemas.

De este modo, mientras casi el 70 por ciento de los docentes opina que el centro da importancia cuando un alumno se mete constantemente con otro, ni la mitad de los estudiantes cree en la intervención de la escuela en la resolución de conflictos.

Los más optimistas con la disciplina escolar son los padres: el 78,5 de las familias considera adecuadas las normas de convivencia y el 64,2 por ciento de los profesores las ven idóneas, mientras sólo el 52 por ciento de los alumnos creen que son buenas, tal y como reflejan los datos del estudio «La opinión de los profesores sobre la convivencia en los centros», patrocinado por el Centro de Innovación Educativa (CIE-FUHEM).

El clima se ve perturbado por agresiones y conductas disruptivas minoritarias, pero negativas para la convivencia, principalmente en Secundaria. En esta etapa, los profesores presencian insultos (41,5 por ciento) y aislamiento social (39,3 por ciento) entre estudiantes, que, aunque coinciden con sus docentes, su percepción de estos hechos cambia según sean víctimas o agresores.

Las agresiones físicas ocupan el último lugar de la lista, en la que también se detectan actuaciones de chantaje, amenazas y destrozo o robo de material y prendas. Los estudiantes atacan a los profesores mediante la falta de respeto y la conducta disruptiva en el aula, tal y como expresa el 80 por ciento de este colectivo, que considera raros los ataques físicos (5,2 por ciento según los enseñantes de Secundaria y 2,3 por ciento según los niños). En cuanto a la actitud del sector docente hacia su alumno, el 22,6 por ciento ha visto alguna vez a un compañero de profesión ridiculizar a sus alumnos y el 14,4 por ciento, tenerle manía a algún estudiante, frente al 50,3 y 38 por ciento de los adolescentes que creen, respectivamente, que alguno de sus profesores les ha tenido manía o que les ha ridiculizado.

Insultar o intimidar con amenazas a los alumnos son acciones que los enseñantes practican en menor medida, según los resultados del estudio.

Financiación diferenciada.

De todo ello, el director de IDEA e impulsor de la anterior legislación educativa (LOGSE), Álvaro Marchesi, deduce la necesidad de un sistema de financiación de centros públicos y concertados «diferenciado» por dificultades, tipo de alumnado y proyecto educativo, con la finalidad de que tengan autonomía y recursos para actuar «rápidamente» en la búsqueda de soluciones rápidas, como la contratación por obra y servicio de personal de apoyo.

La Razón