1.
ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación) y los interes creados
Afectadas
de anquilosis severa, las universidades
españolas se ven ocasionalmente
sacudidas por arrebatos de agitación. En lo que tienen
de síntoma de vitalidad no cabe dejar de celebrarlo;
pero en las últimas semanas están llegando
fuera de los claustros ecos de un sordo descontento levantado,
como casi siempre, en las muy sindicalizadas juntas de personal
docente (las de la igualación rasante por principio)
y por clanes dedicados a la defensa
casi ferina del territorio académico que entienden
propio. De allí salieron los clamores
que auguraban desastres con la llegada de la LOU que, dos
años después, rige razonablemente bien la
vida de las universidades.
Ésta vino a sustituir a una
Ley de Reforma Universitaria que había conducido
a lo que la mayoría más autorizada consideraba
una situación límite. Uno de los síntomas,
y también causa, de esa situación era el sistema
de acceso al ejercicio docente con condición
funcionarial mediante unas pruebas poco exigentes y un procedimiento
tan mediatizado por cada universidad que, de hecho, podía
eliminar la competencia garantizando
el escalafonamiento del candidato de la casa
aun cuando sus méritos no fuesen los más sobresalientes;
lo que se dio en llamar endogamia. Todo ello era síntoma
de un declive en los niveles de autoexigencia en la calidad
que está en la raíz de que la competitividad
de la universidad española, aun habiendo crecido,
esté lejos de lo deseable y lo posible. Las setenta
(sí, setenta) universidades españolas, públicas
y privadas, expiden títulos con igual valor oficial
y, lógicamente, para que respondan a una preparación
académica homologable es necesario un sistema público
de evaluación y acreditación de su calidad.
Por ello dispuso la LOU la creación de una Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) que, en su primer año de actividad, ha empezado
a dejar notar su presencia en la vida universitaria, no
a gusto de todos, y de ahí el vocerío que
se esfuerza por hacerse oír, sobre todo, fuera de
las propias universidades.
De los cometidos que la LOU encomienda
a la ANECA, el que más ha irritado ciertas susceptibilidades
ha sido la evaluación de los candidatos a determinadas
modalidades de contratación. Para acceder al contrato,
el candidato debe haber obtenido una evaluación
positiva de su carrera académica previa.
Tres cuartas partes de quienes hasta ahora la han solicitado
han obtenido evaluación positiva, lo que es indicio
tanto de que el nivel del profesorado en estadios preliminares
de la carrera académica es correcto, como de que
el procedimiento es equilibrado y operativo. El desabrimiento
ha venido, claro, del veinticinco por cierto de quienes
habrán de esperar al menos seis meses para volver
a someter a evaluación sus curricula, y de sus allegados
y valedores. En algún sonado caso, el descontento
se ha canalizado por la vía del dossier a base de
medias verdades, tergiversaciones y vituperios con sus finalidades
habituales de confundir y amedrentar. Se han puesto en circulación
argumentos que merecen alguna consideración.
Un primer plano de rechazo a la existencia
de un sistema público de evaluación parte
del repudio por principio de la misma. Su inconsistencia
es tal que a veces cuesta pensar que quienes tales cosas
arguyen lo hagan con un mínimo de conocimiento y
sentido constructivo. Por ejemplo, al ejercicio por la Administración
de una función certificativa ajustada a todo requisito
formal y legal se le llama «estatalismo autoritario»
invasor de la «sociedad civil»; encarnada, al
parecer, en instituciones sostenidas con fondos públicos,
cuyos actos surten efectos legales y pobladas por funcionarios
y aspirantes a serlo más que a ninguna otra cosa.
O sostener que medir la calidad del trabajo académico
de acuerdo con criterios que valoren la proyección
exterior del mismo, además de ser «aldeanismo»
sea desconocer «cualquier idea de España»;
ya se sabe cuán socorrido es, en ausencia de razones,
esto del patriotismo extemporáneo.
Más interés tiene la
suposición de que instituciones como la ANECA no
pueden hacer técnica y moralmente lo que hacen, sin
embargo, con rigor y tino. Se dice que quienes evalúan,
catedráticos con decenas de años de vida profesional
y densos curricula, no pueden hacerlo por no ser expertos
de todos y cada uno de los campos del saber presentes en
las universidades españolas, y además porque
no reúnen méritos ni están capacitados
ni siquiera en lo suyo, de acuerdo con una grosera manipulación
de su producción científica. Pero eso importa
poco. Lo sustancial es si el mérito
profesional se puede estimar y valorar de acuerdo con índices
y pautas distintos al dominio de una materia.
Quienes sostienen lo contrario contradicen con poco más
que mero voluntarismo una práctica universal allí
donde la vida académica es más pujante. Lo
que tales evaluadores académicos hacen no es tan
distinto a lo que se espera de los responsables de recursos
humanos de una empresa. Basta que sepan apreciar los indicadores
de calidad y garantía que permiten distinguir un
perfil profesional sólido del que no lo es.
Y a nadie se le pasa por lo alto
lo incompatible de esos métodos de apreciación
de la calidad y estímulo de la excelencia con rutinas
corporativas y maniobras de parcialidad. Como tales prácticas
se resisten a desaparecer, si no tuviéramos ANECA
sería urgente inventarla, que para mejorarla no faltará
ocasión.
El Mundo, Sociedad,
25-11-03
2. Profesores
universitarios se concentran en protesta contra la evaluación
de la ANECA
Más de 1.600 profesores universitarios, según
Comisiones Obreras, han secundado esta mañana en
centros de varias comunidades las concentraciones convocadas
por ese sindicato para protestar contra el sistema de evaluación
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación (ANECA).
El sindicato considera que la ANECA
actúa con 'oscurantismo y
falta de transparencia' y reclama la creación
de las distintas Agencias de Evaluación Autonómicas
previstas en la Ley Orgánica de Universidades, según
un comunicado de la federación de enseñanza
de CC.OO. Además, las concentraciones estaban convocadas
también para reivindicar a las universidades y comunidades
autónomas la negociación de los convenios
colectivos que regulan la figura del profesorado en contratación
laboral, y exigir al ministerio de Educación la convocatoria
de la Mesa Sectorial de Universidad.
Según los datos de CC.OO, en
Andalucía se han concentrado 400 profesores; en Aragón,
50; en Castilla-La Mancha, 250; en Cataluña, 100;
en el País Vasco, 120; en Extremadura, 120; en Madrid,
200; en Murcia, 120; y en Valencia, 150. En Madrid, en la
Universidad Complutense, los concentrados fueron en torno
a 70, según dijeron a Efe fuentes de ese centro así
como el responsable de personal docente y de investigación
de la secretaría de enseñanza de CCOO, Angel
Ponce, presente en la protesta. Ponce explicó que
'entre hoy y mañana' se entregará en todos
los rectorados un manifiesto con sus reivindicaciones. EFE
Agencia EFE, 28-11-03
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